Avala congreso local nuevo modelo de seguridad basado en inteligencia
TOLUCA, Edomex., 15 de enero de 2026.– En una jornada legislativa trascendental para la seguridad pública y los derechos humanos, la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México (EMX) aprobó un paquete de reformas estructurales impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Estas modificaciones no solo armonizan la legislación local con la federal, sino que transforman el modelo de seguridad estatal hacia uno basado en la inteligencia, la coordinación y la búsqueda inmediata de personas.
Mayores facultades de investigación
La primera tiene que ver con la facultad concedida a la Secretaría de Seguridad del Estado (SSEM) y a las policías municipales para participar activamente en la investigación de delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.
De acuerdo con el dictamen, el Ministerio Público y las instituciones policiales se coordinarán en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como de las leyes locales en la materia.
Se faculta a la policía para implementar estrategias basadas en mecanismos de inteligencia que permitan prevenir e identificar amenazas antes de que se conviertan en violencia.
Las corporaciones ahora podrán aportar información técnica, indicios y medios de prueba para fortalecer las carpetas de investigación y combatir la impunidad.
Por otro lado, seguridad ahora incluye la supervisión de la prisión preventiva y la reinserción social, rigiéndose por principios de dignidad humana y protección a la persona.
Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional
Por otro lado, los legisladores mexiquenses avalaron una iniciativa que institucionaliza las Mesas de Paz como instancias de decisión ejecutiva inmediata. Estas mesas serán presididas por la titular del Ejecutivo mexiquense y sesionarán todos los días hábiles para articular acciones operativas en todo el territorio.
La iniciativa que responde a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez, busca contribuir a la cooperación efectiva entre los los sistemas estatal y nacional en este rubro; proporcionar al Sistema Nacional de Información las bases de datos correspondientes para su interconexión y consulta; y acordar con los poderes judiciales de la Federación y del Estado de México (EMX) la mejora de los procesos de investigación y persecución de los delitos, bajo el mando y la conducción del Ministerio Público, entre otras atribuciones.
Por otro lado, establece que la Secretaría de Seguridad implementará estrategias basadas en mecanismos de inteligencia para prevenir e identificar amenazas y factores generadores de violencia, coadyuvar en su sanción oportuna y garantizar que las instituciones de seguridad actúen con eficacia y pleno respeto a los derechos humanos.
Prevé la realización de operativos para la prevención del delito y la aportación de información que permita una adecuada integración de indicios, datos y medios de prueba, a fin de fortalecer las investigaciones orientadas a la persecución de los delitos y al combate de la impunidad.

Asimismo, se faculta para la implementación de programas permanentes de capacitación, financiamiento profesionalización y transferencia tecnológica para municipios considerando criterios de incidencia delictiva, capacidades institucionales y condiciones territoriales específicas.
En cuanto al fortalecimiento del servicio profesional de carrera y de los esquemas de profesionalización para las personas integrantes de las instituciones relacionadas, la reforma define con mayor claridad sus derechos y obligaciones, como el derecho a recibir una remuneración conforme al servicio que desempeñan y el riesgo de sus funciones.
Además, se homologan los perfiles, procesos de certificación y evaluaciones de control de confianza para asegurar la honradez y el profesionalismo.
Búsqueda de personas desaparecidas
En materia de búsqueda de personas, los congresistas respaldaron una iniciativa que permitirá fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como apoyar a sus familiares en materia de seguridad, atención jurídica y psicológica.
En este sentido, las autoridades ahora tendrán la facultad de acceder de forma inmediata a bases de datos biométricos, registros hospitalarios y sistemas de identidad para localizar a ciudadanos desaparecidos.
Además, se obliga a todas las instituciones de salud y estaciones migratorias a mantener registros interconectados con el Banco Nacional de Datos Forenses, garantizando un trato digno a los restos humanos y una notificación instantánea a los familiares a través de alertas nacionales.
Asimismo, la autoridad que reciba un reporte o denuncia de desaparición deberá registrarla de inmediato, enviar una ficha de búsqueda a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda, conforme a la alerta nacional en la materia; difundirla entre autoridades, medios públicos, transportistas, administradores de vías y cualquier ente con capacidad de transmisión, y notificar al Registro Nacional de Población, para activar alertamientos en la Plataforma Única de Identidad y reportar cualquier uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP) o coincidencia de datos a las autoridades competentes.
Para garantizar la eficacia de estas medidas, las instituciones de seguridad estatal y municipales contarán con personal capacitado bajo los más altos estándares científicos e internacionales, operando con un enfoque psicosocial y de respeto absoluto a los derechos humanos. Por su parte, la Fiscalía Especializada se reforzará con recursos multidisciplinarios para presentar casos ante tribunales con perspectiva de género, incluyendo unidades de análisis de contexto y áreas especializadas en delitos cibernéticos que permitan un seguimiento exhaustivo tanto en búsquedas inmediatas como en aquellas de larga data.
La reforma contempla una ruta crítica para su ejecución mediante artículos transitorios que fijan un plazo de 30 días para activar el Mecanismo Estatal y 90 días para actualizar los registros forenses. Asimismo, se otorga hasta un año para la sistematización total de las bases de datos y 180 días para que los municipios armonicen sus normativas, incluyendo los registros digitales de panteones y fosas comunes. Ante la magnitud del acceso a datos sensibles, se ha enfatizado la necesidad de registrar a los servidores públicos con acceso a estas plataformas para prevenir cualquier vulneración a la privacidad de las víctimas.





