
Detienen operación de casino en Naucalpan por irregularidades legales
ZUMPANGO, Edomex., 21 de mayo de 2025.- El despojo de propiedades ha dejado de ser un delito aislado en el Estado de México. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) han revelado que detrás de estos actos existe una red criminal estructurada, con ramificaciones que incluyen a sindicatos, notarios públicos, funcionarios municipales y estatales. Bajo el nombre de Operativo Restitución, esta estrategia ha permitido asegurar 268 inmuebles en 31 municipios y detener a 21 personas entre abril y mayo.
Según el vicefiscal Martín Marín Colín, el despojo forma parte de un fenómeno criminal más complejo, vinculado con delitos graves como extorsión, amenazas, narcomenudeo y hasta desapariciones. Lo alarmante es la participación —por acción u omisión— de servidores públicos que han facilitado o encubierto estas operaciones, a través de documentos falsificados o trámites autorizados sin la debida revisión.
“No lo hicieron solos. Hay empleados de catastros, desarrollo urbano, el IFREM y notarios que validaron operaciones sin fundamento. Esa red es parte del entramado que estamos desmantelando”.
El uso del formato sindical ha sido clave para encubrir estas prácticas delictivas. Organizaciones como Los 300, UPREZ Autónoma, USON y 22 de Octubre operan con presencia activa en municipios como Ecatepec, Tecámac y Nezahualcóyotl. Aunque nacieron como entes con fines sociales, muchas de estas agrupaciones hoy están señaladas como parte de una maquinaria de despojo, intimidación y control territorial.
“Ya no defienden a nadie. Usan su estructura para apropiarse de lo ajeno”.
El abandono de viviendas en fraccionamientos como los de Huehuetoca, Tultitlán y Zumpango ha abierto la puerta al despojo. Más de nueve mil inmuebles deshabitados, muchos de ellos ligados a créditos hipotecarios, han sido ocupados ilegalmente mediante contratos simulados. Estas propiedades, una vez tomadas, son transformadas en bodegas clandestinas, gaseras irregulares o puntos de narcomenudeo.
La Fiscalía ya trabaja con dependencias federales para identificar y proteger estas viviendas antes de que sean tomadas por estas redes.
Entre los casos detectados, al menos 17 involucran a adultos mayores. En Ecatepec, una mujer de 83 años fue despojada de su predio, utilizado después como gasera clandestina. En otro caso, en Naucalpan, se logró restituir una vivienda a una mujer de 102 años.
“Eligen a los más vulnerables. Por eso, su protección es prioridad”.
La gravedad de la situación quedó al descubierto el 1 de abril, cuando Carlota N, una mujer de la tercera edad, fue detenida tras enfrentarse con presuntos invasores en Chalco. Su caso, aún en proceso, motivó el inicio del Operativo Restitución y evidenció la falta de protección legal para las víctimas de despojo.
Con más de mil 700 carpetas de investigación abiertas por despojo en lo que va del año, y 502 tan solo en abril, la Fiscalía advierte que el operativo continuará. Ya se preparan nuevas órdenes de aprehensión contra integrantes de estas redes, incluidos servidores públicos.
El despojo ya no es un simple acto de ocupación. Es una estrategia delictiva que se vale de estructuras sociales, vacíos institucionales y complicidad para avanzar. El Estado de México ha decidido enfrentarla.