Bases de datos sustituyen militancias
El sistema de partidos en México es sólido y está bien estructurado desde el punto de vista jurídico. Funcionó así tanto en la etapa del PRI como partido hegemónico, como durante la alternancia presidencial con el PAN. La existencia de dos fuerzas políticas que se turnaban la Presidencia se convirtió en la normalidad democrática del país.
Las reformas políticas fueron moldeando un marco normativo electoral que garantizaba la continuidad del proyecto nacional bajo cualquiera de esos dos partidos. De 1988 a 2018, PRI y PAN ofrecieron certidumbre a los grupos de interés respecto al reparto de la riqueza nacional. Con cada reforma electoral, la oposición logró ampliar y equilibrar su participación en los procesos comiciales. Sin embargo, el régimen nunca cedió más allá de concesiones mínimas a la izquierda progresista. Los principios de mayoría relativa y representación proporcional permitieron integrar las cámaras legislativas federales y los congresos locales. A ese equilibrio se le denominó pluralidad.
La disputa por el poder fue adaptándose a las nuevas circunstancias sin perder el control desde la Presidencia de la República. Incluso la alternancia entre PRI y PAN formó parte de esa actualización de las reglas del juego político, siempre dentro de los márgenes establecidos por el propio régimen. Cambiaban las personas, no el modelo. Quienes perdían las elecciones dejaban el gobierno a quienes las ganaban, junto con el control de amplias parcelas del poder, entre ellas los hidrocarburos, las licitaciones públicas y buena parte de la influencia sobre el Poder Judicial.
Como parte de esos acuerdos entre el poder político y las cúpulas empresariales surgieron los órganos constitucionales autónomos. El Estado fue transfiriendo facultades regulatorias a organismos encargados de decidir sobre asuntos estratégicos para el desarrollo nacional. Lejos de fortalecer las capacidades estatales, el modelo de gestión neoliberal terminó debilitándolas. A partir de 2018, ese andamiaje comenzó a desmontarse, alterando de manera profunda los acuerdos que habían sostenido al régimen durante décadas.
La magnitud de la derrota electoral de unos y la victoria de otros dejó a la oposición frente a la Cuarta Transformación sin rumbo, sin ideas y sin un proyecto convincente para recuperar el poder que perdió por la vía legal y democrática. En esas circunstancias, las élites políticas y económicas comenzaron a buscar nuevas formas de competencia, más allá del PRI y PAN.
De ahí que una de las herramientas más eficaces para el bloque opositor sean las bases de datos con millones de registros ciudadanos, que permiten establecer contacto directo con los electores al margen de las reglas tradicionales de la competencia electoral. La inteligencia artificial podría convertirse cada vez más en determinante para conservar o disputar el poder.
Morena debe reconocer que enfrenta una nueva modalidad de competencia: la disputa digital. La contienda electoral convencional parece tenerla ganada frente al PRI y al PAN; sin embargo, la verdadera confrontación se libra en otro terreno: el de los datos y los algoritmos.
La principal fortaleza organizativa de Morena ha sido su despliegue territorial, pero las bases de datos permiten identificar, segmentar y dirigir mensajes personalizados a millones de personas en tiempo real. Experiencias internacionales muestran que empresas como Cambridge Analytica o Palantir han desarrollado capacidades de análisis de datos e influencia digital que modifican la forma de competir políticamente.
La definición electoral se juega en las redes digitales y en las bases de datos, no solo en los padrones de militantes. No importa si se compite con las siglas del PRI, del PAN, Movimiento Ciudadano o con cualquiera de los partidos nuevos que obtuvieron el registro; la derecha quiere recuperar el poder perdido.
