Busca Enrique Vargas obligar a escuelas a actuar contra bullying
HUIXQUILUCAN, Edomex., 12 de mayo de 2026.- El senador Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa para que escuelas públicas y privadas del país estén obligadas a aplicar protocolos de prevención, detección y atención inmediata ante casos de bullying, además de mecanismos de seguimiento para evitar que estas conductas escalen a otros tipos de violencia dentro de los planteles.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado propuso reformas a la Ley General de Educación y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de establecer lineamientos homogéneos en todos los centros educativos del país.
Entre las medidas planteadas se encuentra la instalación de oficinas de atención psicológica con personal especializado para brindar acompañamiento tanto a víctimas como a agresores, además de plataformas digitales para reportar y atender situaciones relacionadas con acoso escolar.
Bullying mantiene cifras elevadas en México
Vargas del Villar señaló que alrededor del 28 por ciento de estudiantes de educación básica han sufrido algún tipo de bullying y advirtió que la población en riesgo podría alcanzar hasta 28 millones de menores dentro del sistema educativo mexicano. También indicó que este fenómeno ha aumentado hasta 205 por ciento en los últimos cinco años.
La propuesta considera campañas permanentes de sensibilización, talleres de habilidades socioemocionales y canales de comunicación entre autoridades educativas, madres y padres de familia y alumnado, para fortalecer la prevención del acoso escolar dentro y fuera de las aulas.
El legislador panista afirmó que México se encuentra entre los países con mayores índices de acoso escolar dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al estimarse que 2.5 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de este problema.
Las reformas planteadas también buscan obligar a autoridades federales, estatales, municipales y alcaldías de Ciudad de México a coordinar acciones y establecer sistemas de monitoreo, registro y evaluación de casos, con el propósito de garantizar espacios escolares libres de violencia para niños y adolescentes.
