Busca Morena destitución de Fiscal de Edomex
TOLUCA, Edomex., 14 de agosto de 2025. – Luego de sus pésimos resultados al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los cuales se agravaron recientemente tras los asesinatos de la menor Dulce N., el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco; y de Fernandito, el 28 de julio en Los Reyes La Paz; el diputado morenista Octavio Martínez Vargas presentó una solicitud de juicio político en contra del titular de este organismo, José Luis Cervantes Martínez.
En tribuna, el legislador Martínez Vargas llamó al Congreso mexiquense a discutir su desempeño y si lo requieren sus resultados proceder a su destitución.

“¿Qué más nos falta ver para que discutamos en este Congreso la destitución del fiscal general José Luis Cervantes, por la incapacidad para conducir la misma?”, reprochó el legislador durante sesión.
El diputado local criticó el trabajo desempeñado del actual fiscal durante más de 3 años, a quien exhibió por no tener resultados en la materia, lo que ha afectado el trabajo de procuración de justicia en la entidad.
Cuestionó el actuar de la fiscalía a su cargo en investigaciones clave como el caso de los menores desvividos en días recientes en los municipios de Chalco y Los Reyes La Paz.
Asimismo, resaltó el robo de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad (TRIJAEM); dinero que presuntamente fue sustraído desde el dispositivo de seguridad electrónica (token) del tribunal, hecho que la FGJEM calificó como hackeo, pero se considera un posible auto-robo.
Y denunció los nulos avances en la investigación del centro clandestino de vigilancia en Ecatepec, donde fueron encontradas más de 600 cámaras que vigilaban el actuar de diario de la ciudadanía sin que hasta el momento se tengan a los responsables.
También criticó la criminalización de jóvenes que operan barberías y la restitución apenas de 50 bienes despojados a sus dueños, cuando existen más de 7 mil denuncias por este delito.
Entre otros temas, expuso la falta de acciones en los altos índices de violencia de género; la situación de seis dirigentes de la Centras de Abastos de Toluca presos bajo acusaciones; así como la presunta corrupción en los ministerios públicos.










