Cambios de forma y fondo en la justicia constitucional

La democratización del Poder Judicial es el primer paso para transformar de fondo la manera en que se imparte justicia en Mexico. Pero, para consolidar una renovación integral del sistema mexicano de impartición de justicia es necesario: reconciliar la justicia legal con la justicia social y ambiental, así como, ampliar y reforzar la protección de los derechos colectivos del pueblo de México, además de revisar los criterios y metodologías al uso en sede judicial en aras de una justicia interseccional.

Nadie duda de la legitimidad del principio de legalidad: los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados. En cambio, la justicia social suele ser echa a un lado porque se le considera una mera exigencia ideológica o partidista, incluso personal. Sin embargo, la justicia social es un mandato constitucional contemplado en diversos artículos, entre ellos: el 39, el 3º, el 27 y el 123, pero también en los artículos 1º, 2º y 4º, lo mismo que en los artículos 25, 26, 28 y 134. Y es que las decisiones políticas fundamentales de nuestro país se corresponden con las de un Estado social de Derecho, donde el Derecho social (indígena, agrario, laboral, por ejemplo) tiene un rol protagónico en el sistema jurídico nacional.

Por otro lado, dado el deterioro ambiental y el desgaste de recursos naturales, así como las graves repercusiones en la salud y la calidad de vida de trabajadores y consumidores, así como de la población en general, el día de hoy la justicia social no puede dejar de lado la justicia ambiental. Asimismo, siendo México una Nación multiétnica y pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, lo cierto es que la justicia no puede reconocer a veces sí y a veces no la compleja composición cultural del país. De aquí que la justicia social implique también la justicia intercultural, basada en el diálogo de saberes, el pluralismo jurídico y la equidad epistémica.

En este sentido, reconciliar el principio de legalidad  con el mandato constitucional de justicia social va de la mano con el cumplimiento de los derechos fundamentales de carácter económico, social, cultural y ambiental. Los también llamados DESCA reflejan los grandes problemas nacionales: alimentación, vivienda, agua, biodiversidad, ambiente, salud, trabajo, seguridad social, migración, propiedad social, territorio, ciencia y desarrollo, por ejemplo. Los derechos colectivos son un termómetro para conocer la realidad del país. Una buena manera de acercar la justicia a la sociedad sería asumir la atención de los DESCA en sede judicial.

Ahora bien, para vincular la justicia legal con la justicia social y tutelar los derechos colectivos es necesario modificar el modelo de justicia y el perfil de juzgador que prevalecen en el Derecho mexicano y la cultura jurídica nacional, así como romper con inercias institucionales que vician el quehacer judicial. Aquí es donde aparece la necesidad de revisar los criterios y metodologías al uso en sede judicial. Una justicia diferente requiere de tribunales diferentes y para ello es indispensable que el trabajo judicial cotidiano se haga de manera diferente. De lo contrario, si la justicia se sigue impartiendo como hasta ahora los resultados serán idénticos, por más que se elijan por voto popular y directo a los operadores judiciales titulares de las diversas instancias de la judicatura.

Como se ve, las y los ministros del nuevo Poder Judicial no tienen que inventar nada, sólo necesitan conocer, respetar y aplicar integralmente la Constitución mexicana, en particular los principios nacionalistas y contenidos sociales olvidados y hechos a un lado durante el neoliberalismo, con miras a garantizar el interés público en términos del artículo 39 constitucional.