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TEXCOCO, Edomex., 10 de enero del 2017.- Integrantes de la Central Campesina Cardenista de la zona oriente, marcharon hacia la Ciudad de México (CDMX) para exigir que se respete el presupuesto dirigido a programas que fomentan el empleo, como la vivienda rural, la producción campesina como FAPPA y el campo en tus manos, así como la cohesión social con los programas que atienden los conflictos agrarios, se moviliza el día de hoy contra el gasolinazo y en defensa del presupuesto productivo y social.
Max Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista, señaló que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico es una burla, por lo que llamó a las organizaciones campesinas a unirse para rescatar el presupuesto social y que terminen con las exenciones fiscales a las grandes empresas.
Añadió que la amenaza del gobierno federal sobre arrebatar los recursos a programas sociales han sido ya una realidad, desde el año 2015 los recortes al presupuesto han sido ininterrumpidos, tan solo en el año 2016 sumaron 163.300 millones de pesos poco menos de los 200.000 millones que se necesitan para frenar el gasolinazo, la misma cantidad con la que amenazan frenar programas como PROGRESA o la atención del Seguro Social, lo que sería inconstitucional.
El dirigente campesino, dijo que junto con otras organizaciones campesinas han impulsado modificaciones al presupuesto las cuales con un plumazo de Hacienda y el consentimiento de una Cámara de Diputados que no representa los intereses de la ciudadanía, se etiquetan para atender programas recesivos que año con año ocupan el 80% del presupuesto dirigido al campo para subsidiar a muchas de las empresas del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que integra a todas las empresas del Consejo Nacional Agropecuario.
Para la organización y la ciudadanía es de suma importancia que las grandes empresas que firmaron el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” paguen la totalidad de los impuestos lo que ayudaría a contribuir con las necesidades financieras del país, el gobierno debe terminar ya con las exenciones fiscales que han sido promovidas tanto por el PRI como por el PAN.