Celebra Gabriela Jiménez reforma histórica en materia de aguas
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre de 2025.– Tras la aprobación de la reforma a la Ley General de Aguas y la Ley Nacional de Aguas, la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, calificó el hecho como "histórico", al reconocer a este vital líquido como un derecho humano y un bien nacional, y no una mercancía sujeta al lucro.
Destacó que este decreto que fue avalado por todos los integrantes de la bancada de Morena, busca garantizar el acceso al agua en comunidades históricamente desfavorecidas; así como establecer un sistema de concesiones transparente y anticorrupción; y combatir el acaparamiento, la sobreexplotación y el mercado ilegal del recurso hídrico.
Luego de intensas horas de debate, 475 reservas, la participación de 178 oradores y la incorporación de 78 modificaciones al dictamen original la nueva Ley General de Aguas y la Ley Nacional de Aguas fue aprobada en lo particular con 324 votos a favor.
Nunca más se verá al agua como una mercancía. Con esta reforma construimos un nuevo sistema de concesiones que pone en el centro a las comunidades, a las familias productoras y a los pueblos indígenas", afirmó Jiménez Godoy.
Beneficios y blindajes
La legisladora destacó que la reforma, impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, trae enormes beneficios fundamentales y blindajes para la población entre los que se encuentran:
- Combate al acaparamiento: se establece un sistema de concesiones transparente y anticorrupción, cerrando la puerta al mercado ilegal y a la sobreexplotación.
- Prioridad social: garantiza el acceso efectivo y asequible al agua potable, priorizando a las comunidades históricamente desfavorecidas.
- Reconocimiento comunitario: por primera vez, se incluye un apartado que reconoce a los sistemas comunitarios de agua para administrar el líquido vital en pueblos y comunidades indígenas.
- Certeza al campo: se desmintió la desinformación opositora, asegurando que se permite la herencia y el arrendamiento temporal de tierras con agua, y que las sanciones están dirigidas a "abusos de poder político o económico", no a las actividades agropecuarias familiares.
Con esta aprobación, el Congreso busca garantizar la disponibilidad de agua para las futuras generaciones y recuperar los ecosistemas y acuíferos del país.
