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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero de 2017.- El gobierno mexicano otorgó su consentimiento al de Estados Unidos para juzgar a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” por delitos adicionales a los imputados, por los cuales se acordó su extradición el 20 de mayo de 2016, en virtud de un proceso abierto ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York.
El gobierno de los Estados Unidos presentó una solicitud formal conforme al Tratado de Extradición entre ambos países, donde otorgó garantías suficientes respecto de que no impondrá la pena de muerte, o de que en caso de ser impuesta, ésta no será ejecutada al extraditado, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En contra del delincuente más buscado por Estados Unidos pesan demandas en siete estados de la Unión Americana —Arizona, California, Texas, Illinois, Florida, Nueva York y New Hampshire— sin embargo, la Cancillería mexicana concedió la extradición por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, emitida en abril de 2012; y el de la Corte de Distrito para el Distrito Sur de California, de septiembre de 1995.
En este último caso, abierto en California, pesa un cargo: asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.
En el del Distrito Oeste de Texas los cargos que enfrenta son catorce distintos por los delitos de: asociación delictiva, delitos contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero.
De conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el Consulado de México en Nueva York procederá a otorgar asistencia consular al líder criminal.
“Tomando en cuenta la opinión emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Gobierno de la República a través de la Cancillería otorgó el consentimiento solicitado” por autoridades estadounidenses, comunicó la dependencia responsable de la política exterior de México.
En consecuencia, el líder del Cártel de Sinaloa, quien fue extraditado en el último día de gobierno de Barack Obama y horas antes de la investidura presidencial de Donald Trump, será procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York.