Claudia Sheinbaum y la responsabilidad de gobernar frente a la CNTE
La política suele ser el territorio donde se enfrentan las aspiraciones legítimas de los distintos sectores sociales con las posibilidades reales del Estado. Pocas coyunturas ilustran mejor esta realidad que el actual conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nadie puede negar la importancia histórica de las luchas magisteriales en México. Tampoco puede desconocerse que durante décadas los maestros padecieron políticas de contención salarial, abandono institucional y reformas impuestas desde una visión tecnocrática que subordinó los derechos laborales a criterios exclusivamente financieros. Sin embargo, el análisis serio de la coyuntura obliga a reconocer una realidad que frecuentemente queda fuera del debate público: durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, el magisterio ha experimentado una recuperación salarial sin precedentes en la historia reciente del país.
Mientras millones de trabajadores mexicanos enfrentaban durante décadas una pérdida constante de poder adquisitivo, los gobiernos de la Cuarta Transformación colocaron la dignificación del trabajo como uno de los ejes centrales de la política pública. Los maestros han sido beneficiarios directos de esa estrategia. Los incrementos salariales acumulados desde 2019 superan ampliamente la inflación del periodo y colocan al magisterio entre los sectores laborales con mayor recuperación real de ingresos en México.
Este dato resulta fundamental porque desmonta una narrativa que pretende presentar el conflicto actual como consecuencia de un deterioro salarial. La realidad económica muestra exactamente lo contrario; los salarios de los docentes han mejorado de manera significativa y sostenida, particularmente en comparación con la evolución de los ingresos de otros sectores del empleo formal.
Por supuesto, la CNTE sostiene que el núcleo de sus demandas se encuentra en el régimen pensionario derivado de la reforma al ISSSTE de 2007. Se trata de una discusión legítima que merece atención y análisis. No obstante, también es necesario observar que dicha demanda no ha generado una movilización equivalente entre el conjunto de los servidores públicos del país. Trabajadores de la salud, empleados administrativos, burócratas federales y estatales, así como amplios sectores del propio magisterio nacional, no han protagonizado movimientos de la magnitud que hoy impulsa la CNTE.
Esta diferencia no significa que no existan preocupaciones sobre el sistema de pensiones. Significa, más bien, que la agenda de la CNTE responde también a una tradición política y organizativa particular que históricamente ha privilegiado la movilización permanente como instrumento de presión y negociación.
Frente a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado con responsabilidad institucional. Ha mantenido abiertos los canales de diálogo, ha evitado la confrontación y ha mostrado disposición para atender aquellas demandas que resulten compatibles con las capacidades financieras del Estado mexicano. Gobernar implica escuchar, pero también implica administrar con responsabilidad los recursos públicos y garantizar la viabilidad de las políticas sociales para el conjunto de la población.
Quienes exigen la abrogación inmediata de la reforma pensionaria de 2007 rara vez explican con claridad cuál sería el costo fiscal de dicha decisión ni de dónde provendrían los recursos necesarios para sostenerla durante las próximas décadas. La justicia social no puede construirse sobre promesas financieramente inviables. Un gobierno comprometido con el bienestar debe encontrar el equilibrio entre la ampliación de derechos y la estabilidad económica de la nación.
La presidenta Sheinbaum enfrenta un desafío complejo: responder a demandas legítimas sin comprometer los programas sociales, la inversión pública, la estabilidad presupuestal y el desarrollo económico que benefician a millones de mexicanos. Esa es precisamente la diferencia entre la oposición y el gobierno. Mientras la primera puede formular exigencias sin asumir sus consecuencias, el segundo debe actuar con responsabilidad frente al interés general. México necesita diálogo, acuerdos y visión de largo plazo. Lo que no necesita es que la presión de grupos específicos sustituya el debate democrático ni que la capacidad de movilización se convierta en el único criterio para definir las políticas públicas.
La transformación del país no puede medirse únicamente por la satisfacción de una organización en particular. Debe evaluarse por los avances alcanzados para la mayoría de los mexicanos. Y en esa tarea, los hechos son contundentes: mejores salarios, mayor inversión social, fortalecimiento de los derechos laborales y una política económica que ha demostrado que es posible combinar crecimiento, estabilidad y justicia social. Por ello, en este momento de tensión, corresponde reconocer la prudencia, la responsabilidad y la capacidad de diálogo que ha mostrado la presidenta Claudia Sheinbaum. Gobernar no consiste en prometer lo imposible; consiste en construir soluciones viables para el presente sin comprometer el futuro de la nación.
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