Columna descomplicado/Jorge Robledo
Dos casos y once días bastaron para erosionar el trabajo coordinado de seguridad entre México y Estados Unidos: La muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua y la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el cártel encabezado por los hijos del Chapo Guzmán. Ambos ponen en el centro de la discusión, la soberanía nacional de nuestro país.
“Ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso en el 164 aniversario de la Batalla de Puebla. En esencia, su discurso defiende a ultranza la soberanía nacional, e impedir a toda costa el intervencionismo extranjero. (Batalla de Puebla. 5 de mayo de 1862, que destaca la victoria del ejército mexicano contra las tropas francesas de Napoleón III).
El mensaje de la presidenta, se da después de que el gobierno de Estados Unidos revelara un documento de 34 paginas del Distrito Sur de Nueva York, que coloca a Rocha Moya como parte de una conspiración para traficar metanfetaminas y fentanilo. Según la imputación estadounidense, los acusados habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político para facilitar el trasiego de drogas hacia EU. El documento sostiene que funcionarios bajo la administración de Rocha ayudaron a encubrir el secuestro y asesinato de Héctor Melesio Cuén, vinculado a la detención de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024.
La ofensiva de La Casa Blanca no llegó gratis, fue a consecuencia de la presión del gobierno de Sheinbaum por que se aclarara la presencia de de dos agentes de la CIA, mientras colaboraban en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en Chihuahua; lo que se reveló a consecuencia de un accidente donde perdieron la vida los estadounidenses (fallecidos el 19 de abril en la Sierra Tarahumara). El hecho provocó una cacería de brujas contra el gobierno encabezado por la panista María Eugenia Campos, colocando en la discusión pública si había violado la soberanía nacional.
Como lo refirió el Dr. Ernesto Villanueva, experto en Derecho: Lo que existe -contra la gobernadora Maru Campos- es discurso parlamentario y juicios de valor político, ninguno de los cuales constituye prueba en sentido jurídico… lo que el caso revela no es un acto de la gobernadora: es un déficit de coordinación entre dependencias federales que admitieron el ingreso -de los dos agentes-, toleraron la permanencia y participaron en el operativo. (Revista Proceso. Opinión: Caso Chihuahua, algunas precisiones).
Sobre los dos casos descritos, que contribuyeron en la tensión de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, en el de Rocha Moya, funcionarios de primer nivel y liderazgos de Morena, apoyan al gobernador con licencia, cuando caen sobre él acusaciones graves de relación con grupos criminales, mientras que en el caso de la gobernadora de Chihuahua, se le acusa de atentar contra la soberanía nacional, por un operativo anti drogas. No se justifica la forma, pero la esencia de los dos casos se contraponen de forma radical.
Cuando la narrativa oficial se contradice de forma contundente, el tema principal deja de ser el hecho en sí y pasa a ser la erosión de la credibilidad pública, por esa razón el poder prefiere defenderse en lugar de explicar, optando por la negación en lugar de la rendición de cuentas, pero el daño está hecho: Pérdida de credibilidad, erosiona la confianza pública y debilita la legitimidad del poder.
Los dos casos son vivo ejemplo de que en México, la forma de interpretar y defender la soberanía nacional, es a la carta.
