De la confrontación a la institucionalidad
La relación entre el poder político y los medios de comunicación en México atraviesa un momento de redefinición profunda. Venimos de un modelo de subordinación histórica, transitamos por una etapa de apertura y hoy nos encontramos en un escenario de disputa abierta por la narrativa pública. En ese contexto, quienes formamos parte del proyecto de la Cuarta Transformación tenemos la responsabilidad de ir más allá de la coyuntura y pensar en la consolidación institucional de esta relación.
El liderazgo de Claudia Sheinbaum abre una oportunidad para ello. No se trata de negar lo construido durante el gobierno el sexenio pasado cuyo mérito histórico fue romper con el viejo sistema de complicidades entre poder político y mediático. Pero toda transformación, si aspira a perdurar, debe evolucionar hacia formas más estables, más institucionales y más incluyentes.
Durante décadas, bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la relación con los medios se basó en el control indirecto: publicidad oficial, concesiones y disciplina informativa. Ese modelo se agotó, y era necesario desmontarlo. La etapa reciente optó por un giro distinto: confrontar abiertamente a sectores de los medios, exhibir sus excesos y construir canales de comunicación directa con la ciudadanía. Esa estrategia tuvo eficacia política, pero también generó efectos que hoy deben revisarse con responsabilidad.
La consolidación de un nuevo régimen democrático exige superar tanto la subordinación como la confrontación permanente. México necesita una relación entre poder y medios basada en reglas claras, no en afinidades o antagonismos coyunturales. Esto implica, en primer lugar, garantizar absoluta transparencia en la asignación de la publicidad oficial, eliminando cualquier discrecionalidad que pueda interpretarse como mecanismo de premio o castigo.
Implica también reconocer que los medios de comunicación, con todas sus limitaciones, cumplen una función insustituible en la vida pública. La democracia no se fortalece debilitando a los intermediarios, sino elevando la calidad del debate que estos facilitan. El reto no es prescindir de los medios, sino exigirles profesionalismo, al tiempo que el poder político asume una actitud abierta a la crítica.
En este nuevo momento, la comunicación gubernamental debe descansar menos en la confrontación y más en la evidencia. La ciudadanía demanda resultados, información verificable, políticas públicas evaluables. Un gobierno que confía en sus resultados no necesita descalificar de manera sistemática, sino explicar, documentar y rendir cuentas.
Asimismo, es indispensable reducir la polarización del espacio público. No se trata de diluir diferencias —que son inherentes a toda democracia—, sino de evitar que la discusión pública se degrade en trincheras irreconciliables. La gobernabilidad del país requiere ampliar la conversación, no encerrarla en comunidades de certeza.
Finalmente, el desafío más importante está en el terreno digital. Las redes sociales han democratizado la voz, pero también han fragmentado la verdad. La Cuarta Transformación tiene la oportunidad de impulsar un marco moderno que combata la desinformación, proteja la libertad de expresión y garantice el derecho de la ciudadanía a estar informada. No desde la censura, sino desde la inteligencia institucional.
La transformación no puede quedarse en la ruptura; debe avanzar hacia la construcción. Hoy, el reto no es solo cambiar la relación entre el poder y los medios, sino dotarla de reglas claras, equilibrio y visión de Estado. Ese es el paso necesario para consolidar un nuevo régimen democrático en México: uno donde el poder no controle a los medios, pero tampoco los convierta en adversarios permanentes, sino en interlocutores dentro de un sistema de libertades y responsabilidades compartidas.
