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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2017.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México, pues la corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas hicieron patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones.
A pesar de las voluntades expresadas, las acciones emprendidas y los recursos aplicados, el defensor ante los abusos que puedan hacer los poderes políticos lamentó que 2016 fue un año en el cual las autoridades de los tres órdenes de gobierno no pudieron garantizar plenamente la vigencia y respeto de los derechos humanos en diversas regiones del país.
El presidente Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó los varios casos de servidores públicos que se evidenciaron, quienes aprovechando el cargo que desempeñaban cometieron delitos y abusos, los cuales en su gran mayoría dijo que permanecen impunes generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecieron ser la constante.
Como consecuencia, atribuyó que la corrupción, la falta de capacitación y coordinación, así como la debilidad del Estado de derecho, han permitido la impunidad y fortalecido la ineficacia administrativa que las personas advierten y padecen cotidianamente.
Al rendir su Informe Anual de Actividades 2016 ante el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la autoridad a cargo del organismo nacional encargado de garantizar los derechos de los habitantes señaló que sin una cultura ética en las instituciones con el evidente compromiso de las autoridades con la legalidad y respeto a las garantías, difícilmente se podrá fortalecer el Estado de derecho, por lo que la corrupción y la impunidad seguirán presentes en la realidad del país.
“Se ha minado la confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de la ley”, expresó al reiterar que el 2016 fue un año en el que varias partes de México no existieron condiciones mínimas para la convivencia social y pacífica.
Añadió que la violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano y que se empezara a asumir como normal los homicidios, desapariciones, extorsiones, secuestros, robos y otros delitos.
Fosas clandestinas, auténtica geografía del dolor y la indiferencia
Ya sea por ineficiencia burocrática o por insolvencia ética de los funcionarios, lo cierto es que Luis Raúl González Pérez aseguró que esta situación ha fortalecido en la sociedad de que la aplicación de la ley es algo discrecional que los contenidos de las normas son objeto de negociación o una vía para concretar intereses particulares.
“Un año donde la impunidad, la falta de capacitación y la desidia de las instancias competentes permitieron que existieron prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias”, recalcó.
Esto trajo como consecuencia, señaló, que el acceso a la justicia en México siga siendo una aspiración para muchas personas, en particular, para los familiares de los miles de desaparecidos, que ante las faltas de respuestas de las instituciones emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos.
Sobre el hallazgo de un gran número de fosas clandestinas e irregulares, González Pérez calificó que han delineado una auténtica geografía del dolor y de la indiferencia en el país.
Objetivamente, el Ombudsman nacional pidió al Presidente de la República que se escuche y atienda con sensibilidad, compromiso y de manera integral las denuncias de los familiares de desaparecidos, pues no se puede suponer que las fosas ubicadas hasta hoy sean la totalidad de las existentes.
Del mismo modo, solicitó que las fosas que se ubiquen en el futuro sean trabajadas con conocimientos técnicos y científicos especializados a efecto de que la justicia y la verdad lleguen a quienes fueron enterrados en las mismas y a sus familiares.