Cuestionan al MUNET por vínculos con el pasado neoliberal
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre de 2026.- La historia del Museo Nacional de la Energía y Tecnología (MUNET), anteriormente Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vuelve a generar cuestionamientos por los perfiles de algunos de los personajes relacionados con el fideicomiso que impulsó el proyecto y por el tiempo que transcurrió entre el cierre del antiguo museo y la apertura de su nueva sede.
Entre los nombres señalados se encuentra Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes y exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien aparece vinculado al Fideicomiso del Museo Nacional de la Energía y Tecnología (FIMUNET).
El señalamiento cobra relevancia por el papel que Ruiz Sacristán desempeñó durante el gobierno de Ernesto Zedillo en el proceso de privatización de los ferrocarriles mexicanos, además de su posterior participación en el sector energético privado.
De la privatización ferroviaria al proyecto museístico
Durante su paso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Sacristán estuvo involucrado en el proceso de concesionamiento de los ferrocarriles nacionales, operación que modificó de manera profunda la estructura del sistema ferroviario y que dejó cuestionamientos relacionados con los derechos laborales y las pensiones de trabajadores jubilados.
Años después, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Ruiz Sacristán participó en el sector privado como directivo de IEnova, empresa vinculada con infraestructura energética. Su trayectoria empresarial y sus anteriores responsabilidades públicas forman parte de los elementos que han provocado cuestionamientos sobre su participación en el proyecto del MUNET.
Otro personaje mencionado en la integración del comité técnico del fideicomiso es Jonathan Davis Arzac, quien durante el gobierno de Zedillo ocupó cargos relacionados con las finanzas públicas y posteriormente estuvo al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Davis Arzac también ha sido relacionado con el proceso de reestructuración financiera que acompañó la privatización bancaria y con los mecanismos mediante los cuales diversos pasivos bancarios terminaron siendo asumidos por el Estado mexicano, en el contexto del rescate conocido como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Un rescate interminable que ahoga al erario
Cabe destacar que, en días recientes, durante su gira por el segundo Informe de gobierno en el estado de Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la deuda heredada por el Fobaproa "nunca se va a acabar de pagar". De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los pasivos del IPAB alcanzaron 1 billón 165 mil 351 millones de pesos a julio de 2026, a los que se suman 35 mil 852.2 millones de pesos del programa de apoyo a deudores. En total, estos más de 1.2 billones de pesos representan el 6.2% de los 19.2 billones de pesos de la deuda pública total del país.
Chapultepec, entre la recuperación y los cuestionamientos
El caso adquiere una dimensión adicional al considerar que el antiguo Museo Tecnológico de la CFE formaba parte del Bosque de Chapultepec, uno de los espacios públicos más importantes de la capital del país, que actualmente atraviesa un amplio proceso de recuperación, rehabilitación y renovación.
En este contexto, el debate sobre el MUNET no sólo se relaciona con su contenido dedicado a la historia de la energía y la tecnología, sino también con la forma en que se administraron los recursos y las decisiones que llevaron a la transformación del antiguo museo.
De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, el fideicomiso habría recibido aportaciones por alrededor de mil 372 millones de pesos durante un periodo superior a una década, mientras que la apertura del nuevo museo ocurrió hasta julio de 2026, después del cierre del Museo Tecnológico de la CFE en 2015.
La prolongada transición ha generado interrogantes sobre el destino de los recursos, la situación laboral de los trabajadores que dependían del antiguo museo y los mecanismos de transparencia utilizados durante el desarrollo del proyecto.
Los señalamientos, sin embargo, deberán ser contrastados con la documentación financiera, administrativa y contractual correspondiente, así como con la información que proporcionen las autoridades y responsables del fideicomiso.
La pregunta que permanece abierta es si la nueva etapa del museo representa una verdadera transformación institucional o si, además de exhibir la historia energética del país, conserva prácticas y relaciones heredadas de una época marcada por las privatizaciones y el rescate financiero de instituciones privadas con recursos públicos.
