Cuestionan cobros y uso comercial de espacios públicos en la UTN
NEZAHUALCÓYOTL, Edomex., 30 de agosto de 2026.- El proyecto odontológico UTN 120, inaugurado recientemente dentro de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), abrió una serie de interrogantes entre fuentes consultadas, quienes pidieron transparentar si el servicio representa realmente un beneficio para la comunidad universitaria o si se trata de una actividad particular desarrollada dentro de instalaciones públicas.
De acuerdo con las fuentes, la consulta de revisión tiene un costo de 120 pesos, mientras que los pacientes que requieren algún procedimiento adicional deben cubrir el precio correspondiente. Por ello, cuestionaron que un servicio presentado públicamente bajo conceptos de prevención, compromiso social y apoyo a la comunidad termine operando bajo un esquema de cobro similar al de un consultorio particular.
¿Quién autorizó el consultorio?
Abogados consideraron que la primera pregunta que debería responder la UTN es sencilla: ¿bajo qué figura jurídica y administrativa funciona el consultorio dental dentro de la universidad?
También es necesario conocer si existe un convenio de colaboración, comodato, autorización, arrendamiento u otro instrumento que permita al particular utilizar las instalaciones universitarias.
La segunda pregunta es económica: ¿la UTN recibe algún pago, renta, comisión o contraprestación por permitir que el consultorio opere dentro de sus instalaciones?
Y existe una tercera: ¿qué beneficio concreto reciben los estudiantes y trabajadores de la universidad frente a cualquier paciente externo?
Las fuentes señalaron que si el proyecto tiene un verdadero propósito social, debería existir un esquema claramente diferenciado de un negocio privado, ya sea mediante descuentos sustanciales, recuperación únicamente de materiales o algún mecanismo que permita acreditar el beneficio para la comunidad.
Durante la inauguración, el doctor David Guzmán Espinoza destacó que UTN 120 representa una oportunidad para estudiantes, docentes y comunidad.
Precisamente por ese carácter institucional, se especula que sería necesario conocer públicamente las condiciones económicas y administrativas del proyecto.
¿Está enterada la autoridad educativa?
Otro de los cuestionamientos planteados es si la Subsecretaría de Educación Superior y Normal del Estado de México (EMX), encabezada por Margarita Rocío Serrano Barrios, conoce las condiciones en las que se desarrollan estas actividades dentro de la UTN.
Las fuentes consideraron necesario saber si la dependencia fue notificada sobre el funcionamiento del consultorio dental, si revisó el convenio correspondiente y si existe algún mecanismo de supervisión sobre las actividades comerciales que se realizan dentro del plantel.
Del consultorio al centro de copiado
Dentro de la UTN también existen actividades como el centro de copiado y puntos de venta en los que participan estudiantes, bajo el argumento de que estas acciones les permiten obtener recursos para apoyar sus estudios.
La participación estudiantil en actividades económicas no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, las fuentes consideran necesario conocer quién las autoriza, qué reglas deben cumplir y si existe algún mecanismo para evitar que estos espacios se conviertan en negocios permanentes dentro de una institución pública.
Incluso señalaron que algunos puntos de venta cuentan con terminales para aceptar pagos con tarjeta, circunstancia que, a su juicio, hace todavía más pertinente conocer cómo están reguladas estas actividades y quién administra los recursos.
La pregunta de fondo es si existe una política institucional transparente para el uso comercial de los espacios universitarios o si cada actividad se autoriza de manera particular.
Una universidad pública bajo la lupa
Las fuentes consultadas insistieron en que su intención no es impedir la prestación de servicios odontológicos, limitar la actividad empresarial o afectar a los estudiantes que buscan ingresos.
El cuestionamiento, dijeron, es de transparencia y rendición de cuentas.
Si un particular utiliza un espacio universitario, la comunidad debería conocer el instrumento jurídico que lo permite. Si cobra por sus servicios, debería conocerse bajo qué condiciones se autorizó. Y si la institución recibe una contraprestación, debería existir información pública sobre el monto y destino de esos recursos.
La transparencia, en este caso, no debería ser un obstáculo para los proyectos de colaboración entre universidades y particulares. Por el contrario, debería ser la condición básica para demostrar que las instalaciones públicas se utilizan en beneficio de la comunidad y no para favorecer intereses privados.
De servicio dental a modelo empresarial
Sobre la actividad profesional y empresarial que desarrolla el doctor David Guzmán Espinoza, particularmente por su participación en proyectos odontológicos que tienen como escenario instituciones o espacios públicos.
Según las versiones recabadas, Guzmán Espinoza ha conseguido desarrollar actividades vinculadas con el sector dental en distintos inmuebles públicos, entre ellos el Centro Cultural Emiliano Zapata mejor conocido como Plurifuncional donde organiza congresos y el sistema municipal DIF donde tiene otro consultorio.
Los congresos generan ingresos mediante el cobro a expositores y visitantes, por lo que la duda es si los inmuebles públicos utilizados (Plurifuncional y DIF) reciben una renta o contraprestación proporcional a los ingresos generados.
No se cuestiona que un empresario organice exposiciones o congresos odontológicos. El punto es que, bajo qué condiciones un particular obtiene acceso a instalaciones públicas para realizar actividades que pueden tener un componente comercial.
Por ello, plantearon que sería pertinente transparentar los permisos, contratos, convenios, tarifas de renta y, en su caso, contraprestaciones pagadas por la utilización de esos inmuebles.
