Cuidar el estado de derecho
Una de las preocupaciones más compartidas entre los mexicanos radica en la necesidad de contar con mejores instancias para promover la justicia. Desde mi perspectiva, la justicia se promueve en primer lugar cuando los individuos procuramos comportarnos adecuadamente sin trasgredir los derechos de los demás. Se repara cuando existe una diferencia entre uno o varios y se recurre a un juez para que, de conformidad con la ley, señale qué es lo justo en cada situación. Finalmente, contamos con el mecanismo que permite perseguir a quienes transgreden las leyes penales y establecen mecanismos de procuración de la justicia.
Hay dos grandes males que afectan la justicia. Por un lado, está la impunidad, que sucede cada vez que se actúa contra la ley y se consigue no afrontar las consecuencias anejas a esa conducta. De otra parte, está la discrecionalidad, que sucede cuando la autoridad decide perseguir o no algo e instaura modelos de arbitrariedad, con lo que es posible liberar al culpable y castigar al inocente.
La situación en México está llena de problemas. Son muchos los actores convencidos de la necesidad de sacudir el sistema legal con el propósito de liberarlo de viejas taras de corrupción, intentar suscitar una justicia más clara y expedita. Contar con jueces que rijan sus juicios con un irrestricto apego a la ley, alejados de favoritismos y corruptelas que tuerzan el sentido de la justicia.
En días recientes hemos visto cómo se ha verificado un cambio en la Fiscalía General de la República. La ley es clara al señalar la necesidad de una causa grave para que el fiscal renuncie. Con cierta sorpresa hemos escuchado que la razón de su salida es la de ocupar una embajada en un país europeo. Llega a sustituirlo una funcionaria, así lo han señalado diversas personas, con el propósito de fortalecer la coordinación entre la fiscalía y otras instancias de gobierno.
Resulta llamativa la manera en la que se interpreta la ley con ligereza para conseguir, con rapidez y una prisa inusitada, un cambio que vulnera todas las formas que parecerían necesarias para dotar ese cambio de una fortaleza jurídica y de una señal contundente del deseo de impulsar el apego a la ley.
El uso de los recursos disponibles para lograr los objetivos que se buscan no puede prescindir de las formas que garanticen el apego a las leyes por las que se rige el Estado. Pienso que si alguien aduce una razón para hacer algo de una manera porque así piensa que se logra más fácilmente lo que busca, la situación puede ser entendible. En cambio, cuando se simula, cada vez que las palabras relatan una realidad que no se apega a los hechos, la forma y el fondo se separan, la grieta entre lo que se dice y lo que se hace se amplía y genera una situación de suspicacia.
Vivimos, no solo en México, pero también aquí, una creciente tendencia a concentrar el poder. Los desafíos que se enfrentan en muchos ámbitos son mayúsculos y requieren, para enfrentarlos, de una máxima coordinación, de un ejercicio decidido de los recursos del Estado y de evitar el entorpecimiento desde el interior del ejercicio del poder.
Inevitablemente, es difícil vislumbrar el tránsito hacia un Estado de derecho cuando las reglas se cambian con facilidad. No se entiende que con frecuencia se altere la ley, se interprete de forma laxa y se busque vestir de legalidad lo que, en el mejor de los casos, es un modo de arrebatar lo que se desea y no se trabaja en la construcción de consensos. Hacen falta muchos cambios, pero es preciso que se hagan bajo el amparo de la ley.





