Decisiones Políticas

Estado de México, 6 de enero, 2017.- Entre saqueos a establecimientos comerciales, bloqueos en carreteras y diferentes manifestaciones recibimos el año 2017 en México, producto del incremento en los precios de combustibles, los cuales afectan a la economía mexicana en toda su extensión, desde los costos para transformar bienes y producir servicios, hasta el transporte cotidiano de cada una de las familias.

Ante dicho panorama, diversas han sido las declaraciones por parte de los principales funcionarios del gobierno federal en las últimas semanas, cuyo objetivo ha sido simple: justificar el llamado “gasolinazo”. Incluso ni siquiera nuestros legisladores han sabido determinar con seguridad las causas para poder emprender alguna medida parlamentaria y darle reversa.

Tanto la reforma fiscal, como la reforma energética de 2013 influyen en el aumento de los precios de gasolina y diésel, contrario a lo que tratan de defender el Partido de la Revolución Democrática, que aprobó la primera, y el Partido Acción Nacional la segunda. Una contempla los altos impuestos sobre el producto, representando el 42% del precio total que se paga por litro de gasolina magna; y la otra contemplaba la liberación de los precios de combustible, y facultaba a la SHCP para determinar los precios máximos en combustibles.

Dentro de la metodología de cálculo de precios máximos para aquellas regiones que no determinen sus precios por las condiciones del mercado, se considera la cotización por barril de petróleo que ronda los 46 dólares, además que han dejado de subsidiar cada litro que se consume.
Lo cual haría hacerse dos planteamientos: ¿Por qué los precios de la gasolina no bajaron cuando el barril de petróleo rondaba los 20 dólares? Y ¿Hacia dónde se están destinando los recursos que funcionaban como subsidios en el ejercicio fiscal anterior?

En un primer momento se estableció una banda con precios mínimos y máximos de la gasolina, que en su momento no permitió que bajaran más los precios de la gasolina de acuerdo a las condiciones del mercado. La segunda es una respuesta que deberá dar la SHCP, ya que insiste en que los subsidios equivalen a 200 mil millones de pesos para mantener los precios más bajos; sin embargo, a pesar de la medida existieron recortes importantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

El día de ayer los legisladores del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena durante sesión de la Comisión Permanente, presentaron diferentes iniciativas e incluso convocar a un periodo extraordinario de sesiones con el fin de revertir el aumento en las gasolinas; no obstante, los grupos parlamentarios del PRI y sus aliados echaron abajo dichas iniciativas, limitándose únicamente a llamar a comparecer al titular de la SHCP, SENER, PEMEX, CRE y COFECE para hablar sobre el tema.

En el marco de las propuestas más realistas e institucionales que se pueden tomar está la disminución del IEPS, lo cual llevaría no solamente a modificar la Ley de Ingresos del 2017, sino rediseñar toda la estructura programática contemplada en el PEF 2017 para redirigir recursos hacia los subsidios de combustibles.

La estrategia del gobierno federal ha sido no dar respuesta al descontento social, sino esperar a que éste desaparezca, aceptando algo inminente; además de alinear al poder legislativo a su conveniencia para que no exista una política correctiva ante el aumento de precios en el combustible, que sin duda afectará a la actividad económica mexicana y a los niveles de inflación.

El autor cuenta con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.