Definen criterios para evaluar a jueces y magistrados del PJ mexiquense
TOLUCA, Edomex., 12 de enero 2026.- Fue publicado en la Gaceta de Gobierno el acuerdo general del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México que establece los lineamientos para la evaluación del desempeño de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial mexiquense que resultaron electos, proceso que se llevará a cabo durante su primer año en funciones.
El mecanismo de evaluación tiene como finalidad fortalecer la impartición de justicia, garantizar una función jurisdiccional eficaz y confiable, así como reforzar la confianza institucional y la mejora continua del servicio público judicial.
De acuerdo con el documento, la evaluación se integrará por seis indicadores relacionados con conocimientos y competencias profesionales, conducta judicial, gestión de recursos humanos y materiales, productividad del órgano jurisdiccional, capacitación y desarrollo profesional, además de la satisfacción de las personas usuarias del sistema de justicia.
Cada indicador contará con un valor máximo de 100 puntos, excepto el correspondiente a la conducta judicial, el cual funcionará como un factor correctivo negativo, y se establece como puntaje mínimo aprobatorio obtener más de 80 puntos por indicador.
Evaluación del desempeño judicial
Para la aplicación de los lineamientos, la Secretaría Técnica, el Órgano de Administración Judicial y la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México deberán coordinarse, y una vez que los lineamientos entren en vigor, la Unidad de Evaluación del Desempeño contará con un plazo máximo de 15 días hábiles para emitir los formatos, instrumentos técnicos y criterios operativos necesarios, previa validación del Pleno.
El proceso contempla una revisión documental de expedientes físicos y electrónicos, observación en sala para verificar el desarrollo de audiencias, aplicación de cuestionarios confidenciales a personas usuarias del sistema de justicia, entrevistas y encuestas al personal, así como análisis estadísticos sobre cargas de trabajo, productividad y tiempos de resolución.
Se establecen distintos tipos de evaluación: la ordinaria, que será la primera evaluación formal tras al menos 90 días naturales de ejercicio; la intermedia, que se aplicará a la mitad del periodo del cargo; la de seguimiento, enfocada en verificar medidas correctivas o de fortalecimiento; la extraordinaria, cuando se detecten deficiencias relevantes; y la final, que permitirá valorar el desempeño global durante el mandato.
Para obtener un resultado satisfactorio con estímulo, la persona evaluada deberá alcanzar una calificación global superior a 800 de 1000 puntos, aprobar el examen teórico-práctico con al menos 400 de 500 puntos y cumplir el mínimo de 80 puntos en cada indicador. En caso de no alcanzar los puntajes requeridos, se prevén medidas de fortalecimiento o correctivas, que incluyen capacitación especializada, actualización profesional y formación en ética judicial, derechos humanos y perspectiva de género.
