Democracia –Derecho

A partir de la instauración del liberalismo —resultado de una lucha por el poder— se establecieron
principios políticos que dieron forma al modelo político, económico y jurídico del Estado liberal.

En el plano político, se justificó la libertad y la separación de poderes, con supremacía del legislativo y un sufragio inicialmente restringido. En lo económico, se sentaron las bases del capitalismo y del libre mercado.

En lo jurídico, surgió un derecho que legalizó esta organización social. Para ello, se recurrió a la violencia social a fin de construir el diseño institucional que requería la nueva clase emergente, impulsada por la razón frente a lo divino.

La representación política se justificó como una necesidad del nuevo orden, asociada a una democracia liberal que, sin embargo, no siempre ha representado los intereses de las mayorías, especialmente de los más necesitados.

Un ejemplo paradigmático de este modelo jurídico es el ideario impuesto por los vencedores de la Revolución Francesa de 1789: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este documento se hace converger, con gran habilidad, principios en apariencia opuestos, como la afirmación de que “el principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.

Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella” y, al mismo tiempo, que “una sociedad en la que no esté garantizada la separación de poderes ni reconocidos los derechos carece de Constitución”. No obstante, uno de los atributos de la soberanía es su carácter indivisible.

De acuerdo con datos del CONEVAL y del INEGI, reportados por ¿Cómo vamos?, 83.9 millones
de personas en México carecieron de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas
entre enero y marzo pasados (Democracia desigual).

Esto revela que el derecho aún requiere profundas transformaciones para disminuir la desigualdad y erradicar la corrupción. En el contexto de la elección inédita del nuevo Poder Judicial, lo deseable sería que accedan a él perfiles con sólida técnica jurídica, pero también con formación y compromiso probado con la justicia social.

Debe considerarse que gran parte de la población no entiende lo que lee ni lo que escucha. No por ignorancia, sino porque ha sido educada para no comprender ni ver la realidad. El dominio de clase se sostiene sobre esta incomprensión, normalizando la desigualdad mediante frases como: “tú eres pobre porque quieres”. De ahí la urgencia de salir de la jaula invisible, transformando los códigos y dispositivos de control.

El lenguaje técnico utilizado en los procesos judiciales representa otro obstáculo. Si el poder público emana del pueblo, urge hacer accesibles los términos jurídicos. Se necesitan perfiles que, además de conocer el derecho, comprendan la realidad política, económica y social del país.

Una persona analfabeta funcional puede leer y escribir, pero no comprende ni aplica lo que lee, pues se le ha enseñado a memorizar, no a razonar. Este problema estructural se origina en los planes de estudio y en la formación judicial. Por ello, el nuevo Poder Judicial debe comprometerse con un Estado social de derecho y con una Constitución social mexicana.

Para lograrlo, será imprescindible:

• Que todas las resoluciones judiciales sean públicas (con excepciones justificadas).
• Establecer una política de “Gobierno Abierto” y “Justicia Abierta”.
• Exigir declaraciones patrimoniales auditables de sus integrantes.
• Crear plataformas digitales abiertas para monitorear:
• Desempeño judicial.
• Tiempos de resolución.
• Congruencia en los fallos
  

El Tribunal de Disciplina Judicial debe ser fortalecido con un órgano autónomo y con participación ciudadana, incluyendo académicos, empresarios y representantes sociales, bajo un principio de cero corrupción.

Se requieren:

• Sanciones ejemplares.
• Formación en derechos humanos y perspectiva de género.
• Sensibilidad frente a las causas sociales y los sectores vulnerables.
• Mediación comunitaria y mecanismos alternativos de solución de conflictos.
• Evaluación psicosocial de jueces con criterio de justicia social.
• Reducción de la influencia partidaria, empresarial y del crimen organizado.
• Digitalización de expedientes y eliminación del papelismo.

Es clave un Observatorio Ciudadano apartidista, junto con una defensoría pública fortalecida y una Escuela Judicial transformada en sus estructuras cognitivas.

La transformación debe ser integral. Las Fiscalías también deben cambiar. La justicia debe ser accesible, rápida, honesta y con sentido social. Esto requiere voluntad política, vigilancia ciudadana y reformas estructurales que pongan el interés público por encima del privilegio.

México se convierte así en el primer país del mundo en elegir por voto popular al Poder Judicial.

Más allá de las narrativas a favor o en contra, es un cambio institucional acorde con el artículo 39 constitucional: “todo poder público dimana del pueblo”.

El desafío es ganar la confianza del pueblo. Esa es la democracia.