“Democracia palabra para justificar el poder”

Desde la Antigua Grecia, el término democracia ha sido utilizado y dotado de múltiples atributos. De esta forma, se han generado conceptos ajustados a los intereses de quienes le otorgan sentido epistemológico, conforme a la narrativa ideológica que pretenden justificar.

Así nace la idea de la democracia liberal, la cual sirve para legitimar una organización política, económica y social: el Estado liberal. Este modelo no contempló en su origen los derechos de la clase trabajadora — obreros y campesinos— y se estructuró sobre valores como la libertad individual, la igualdad ante la ley, la propiedad privada y el Estado de Derecho. Estos principios, lejos de ser universales, reflejan los intereses de la clase que alcanzó el poder.

En esta configuración, derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación o el acceso a condiciones mínimas de bienestar no fueron contemplados como obligaciones del Estado. La democracia liberal, entonces, se asentó sobre un marco que excluía lo social y priorizaba lo patrimonial.

En contraste, la democracia social surgió como una propuesta para justificar el Estado social de derecho, el cual sí reconoce la necesidad de proporcionar condiciones mínimas de bienestar, también conocidos como derechos sociales. Esta visión supone una ampliación del concepto democrático hacia un modelo más incluyente y equitativo.

Sin embargo, con la irrupción del neoliberalismo, el individualismo fue exacerbado. Este modelo impactó profundamente el sistema al privilegiar al mercado como eje rector, generando una cultura que transformó las aspiraciones colectivas en ilusiones individualistas de superación personal.

Como bien señala Noam Chomsky:

“El sistema no solo explota económicamente, sino que también moldea la forma en que los medios, la publicidad y hasta ciertas corrientes psicológicas repiten el mismo mantra: ‘Si sufres es porque no te esfuerzas lo suficiente’. Así, el desgaste profesional se define como falta de resiliencia; la pobreza, como falta de ambición; y la angustia existencial, como un desbalance químico personal. Esta narrativa sirve para ocultar un sistema que premia la explotación y castiga la vulnerabilidad. El resultado: una sociedad donde el malestar se medicaliza, se comercializa y, sobre todo, se despolitiza.”

En el caso mexicano, a pesar del discurso político de ruptura con el modelo neoliberal, no se ha roto estructuralmente con dicho paradigma. Existen, sin duda, elementos de resistencia —como los programas sociales, el aumento al salario mínimo y el fortalecimiento del Estado en ciertos sectores— , pero persiste una mezcla de políticas sociales con fundamentos económicos neoliberales. Esta contradicción se refleja no solo en las políticas públicas, sino también en la cultura política dominante.

El neoliberalismo, al profundizar los principios liberales, ha generado consecuencias adversas: una creciente desigualdad, precarización laboral y concentración del poder económico en manos de unos cuantos. En este contexto, la democracia representativa —aplicada en sus diversas variantes—no deja de ser democracia, aunque su legitimidad pueda verse afectada por una baja participación ciudadana. Esta situación debe atenderse, ya que puede debilitar el funcionamiento y la percepción pública del sistema.

La validez de la democracia representativa se sostiene en la existencia de instituciones y mecanismos que garanticen la elección libre de representantes mediante el voto, así como en la capacidad de estos para tomar decisiones en nombre de la ciudadanía. No obstante, la participación ciudadana, aunque no es condición suficiente por sí sola, es un elemento crucial. Su disminución puede reflejar desconfianza o desencanto respecto a la efectividad del sistema democrático.

Como propuse en mi entrega anterior titulada «Polarización vs. Promoción de la Participación Ciudadana», es necesario mejorar las condiciones que permitan una mayor involucración cívica, sin que la falta de esta implique la invalidez del sistema democrático.

En el debate político actual, los actores construyen narrativas para deslegitimar al adversario. Así, leemos o escuchamos expresiones como “se destruyó la democracia” o “la democracia ha muerto”, alineadas a intereses ideológicos específicos. Por otro lado, quienes detentan el poder afirman que “se cumplió la democracia” o que “el mandato es del pueblo”. Frente a estas visiones contrapuestas, la postura crítica debe sustentarse en los principios constitucionales y en el análisis riguroso de la realidad.

Lo fundamental es promover una cultura política y jurídica que permita discernir cuál opción política se acerca más al sentido etimológico de la democracia: el poder del pueblo. Este criterio debe prevalecer por encima de banderas partidistas, y debe atender la realidad política, económica y social concreta.

Ya he señalado en otros textos que muchos de los representantes electos no han actuado a favor de la mayoría de los mexicanos, permitiendo la concentración de la riqueza en unas cuantas familias. Esto contradice el ideal democrático y evidencia la urgencia de una transformación profunda.

Democratizar la justicia legal implica otorgar un sentido social a los tres poderes públicos. Si estos emanan del pueblo, deben demostrar que son dignos representantes de ese mandato. Su actuación debe orientarse al interés público, sin cancelar el interés privado, pero propiciando un equilibrio que permita una democracia menos desigual.

A manera de premisa:

En un contexto donde todos se dicen defensores de la democracia, el ciudadano sin filiación partidista enfrenta una disyuntiva: ¿a quién creer? ¿Qué elementos debe considerar para elegir entre las distintas opciones políticas?

La pregunta obligada es: ¿quién dice la verdad —no su verdad—, sino aquella postura que se alinea al significado esencial de la democracia como “poder del pueblo”? ¿Qué propuesta tiene mayor concordancia con la realidad política, económica y social actual, marcada por la desigualdad? ¿Qué opción reproduce políticas para disimular la desigualdad mientras preserva una democracia profundamente desigual?