Denuncian devastación y tala ilegal en bosque de La Marquesa
OCOYOACAC, Edomex., 3 de noviembre de 2026. - El Parque Nacional La Marquesa, considerado el principal pulmón verde que nutre de oxígeno a la capital del país y al Valle de México, enfrenta hoy una de sus peores crisis ambientales. Esta reserva natural de mil 760 hectáreas —de las cuales mil 602 pertenecen a territorio mexiquense— se encuentra severamente amenazada por la proliferación de grupos de talamontes y una desmedida sobreexplotación de sus recursos forestales.
El emblemático bosque, hogar de incontables especies nativas y centro recreativo para miles de turistas, está perdiendo la batalla frente a la tala clandestina.
Situado en los límites de la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México y los municipios de Ocoyoacac, Huixquilucan y Lerma en el Estado de México (EMX), este atractivo natural enfrenta hoy un ecocidio sin precedentes, provocado por la mano del hombre y el egoísmo por la explotación comercial de su madera y el enriquecimiento ilícito a través del saqueo desmedido de sus recursos forestales.
Devastación forestal a plena vista
A través de un recorrido realizado por el equipo de Quadratín EMX se pudo constatar en semanas recientes la devastación forestal que abunda en la zona, y que se puede apreciar tan solo a escasos dos kilómetros de la autopista México-Toluca cerca de la Laguna de Salazar.
Desde nuestra llegada a la zona boscosa, fuimos testigos del acecho y la intimidación por parte de sujetos que se hacen pasar por "vecinos" del lugar, pero que en realidad fungen como halcones de las células delictivas. A través de equipos de radiocomunicación, estos individuos monitoreaban en todo momento nuestro recorrido con una actitud amenazante, dejando en evidencia la nula presencia de policías municipales, estatales o federales.
Y es que, en el sitio ante la omisión y la falta de presencia de autoridades encargadas de vigilar la zona, los talamontes se han apoderado de este importante bosque, en donde observamos importantes zonas de arboles derribados y caminos obstruidos mediante el uso de trascabos, con el fin de evitar la entrada de unidades ajenas al sitio.
Impunidad y secuestro del ecosistema
A pesar de que este santuario se encuentra teóricamente bajo el resguardo de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), la tala clandestina avanza con total impunidad evadiendo los operativos de seguridad gracias a su presunta complicidad con funcionarios y ejidatarios, aprovechando el cobijo de la noche y el uso de armamento para llevar a cabo su objetivo.
Los testimonios recabados de manera anónima revelan una realidad alarmante, confirmando que este paraje se encuentra prácticamente secuestrado por el crimen. Estos grupos amedrentan con violencia a cualquier persona que intente ingresar o impedir el saqueo de especies maderables, ocasionando un daño irreversible a la flora y fauna local.
Llegan de madrugada con motosierras y gente armada; nadie se acerca ni denuncia porque sabemos que nos cuesta la vida”, relató con temor uno de los comuneros entrevistados.
Por el alto nivel de agresividad de estas mafias, los ejidatarios prefieren mantener un bajo perfil y guardar silencio, antes que arriesgar su integridad física por defender los árboles que han cuidado durante generaciones.
Ya no somos dueños del bosque, ellos deciden qué zonas van a tumbar y si te atraviesas no la cuentas", confesó otro lugareño sobre la violenta invasión que padece el área natural.
Iniciativas legales contra el ecocidio
A pesar de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsa acciones para combatir la tala ilegal a través iniciativas que han sido aprobadas como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que busca entre otras cuestiones, el fortalecimiento de la participación de autoridades federales en tareas de inspección ambiental.
Además de permitir a las dependencias competentes solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención directa de la Guardia Nacional cuando existan obstáculos u oposición durante las diligencias, con el objetivo de evitar que actos de resistencia impidan el cumplimiento de la ley, el Parque Nacional La Marquesa carece de resguardo policial, permitiendo que continúen las actividades impunes en este sitio.
Para el partido del Tucán, la protección de los bosques no depende únicamente de contar con normas que prohíban su aprovechamiento ilegal, sino más bien, es indispensable que las autoridades dispongan de herramientas tácticas para verificar el cumplimiento, detectar anomalías y actuar de manera oportuna.
Penas por saqueo forestal
De acuerdo con el artículo 419 del Código Penal Federal, las penas para quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, van desde uno a nueve años de prisión y hasta 746 mil pesos de multa económica.
La severidad de los castigos aumenta si la devastación ocurre dentro de un área natural protegida. Bajo este escenario legal, la normatividad contempla un agravante que suma hasta tres años adicionales de prisión y una sanción extra de mil días de multa para los responsables del ecocidio.
