Denuncian ediles a Michelle Núñez por abuso de poder

VALLE DE BRAVO, Edomex., 9 de junio de 2025.– Tras varios meses de controversia política, cinco integrantes del Ayuntamiento de Valle de Bravo anunciaron que no solo han ganado un amparo contra su suspensión ilegal, sino que ahora alistan una nueva ofensiva legal: una demanda por daño moral contra la alcaldesa Michelle Núñez Ponce. La pregunta clave que sobrevuela el conflicto es inevitable: ¿Debe responder Michelle Núñez por daño moral a los ediles?

La conferencia de prensa de este miércoles reunió al síndico Pastor Nava Montoro (Morena), los regidores María Magdalena Rodríguez Benítez (Morena), Édgar Ledezma Bernal (Morena), Adrián Carlos Benítez García (PAN) y Alejandro Reyes Jaramillo (independiente). Todos fueron electos por el voto popular y suspendidos en junio de 2024 por instrucciones directas de la presidenta municipal, según denunciaron.

¿Debe Michelle Núñez responder por el daño moral a sus colegas?

El abogado Javier Guadarrama Caballero, representante legal de los cinco ediles, informó que el Poder Judicial Federal les concedió un amparo definitivo, en el que se ordena su inmediata restitución en el cargo y el pago íntegro de sus salarios. “Estamos en una etapa de cumplimiento de sentencia que debe darse en un plazo de aproximadamente 30 días. Posteriormente, procederemos a evaluar una demanda por daño moral, como consecuencia del atropello sufrido”, detalló.

Guadarrama advirtió que si la administración municipal incumple el fallo, podría incurrir en desacato, lo que abriría la puerta a sanciones legales contra los responsables, incluida la propia alcaldesa. Esta posibilidad reaviva el debate público: ¿Debe Michelle Núñez responder por daño moral, además de lo legal y administrativo?

El conflicto que escaló por decisión unilateral

El exregidor Adrián Carlos Benítez García expuso el origen del conflicto: “El 24 de junio de 2024 fuimos suspendidos sin justificación, sin proceso legal, sin derecho de audiencia. Fue un acto autoritario”. La suspensión fue notificada mediante el oficio PMVB/056/JUNIO/2024, sin procedimiento alguno, según dijeron.

Benítez fue claro al señalar que este acto fue una muestra de abuso de poder: “Esto no debió escalar. Pero la presidenta municipal actuó con prepotencia, sin considerar que somos funcionarios electos”. A raíz de esto, se interpuso el juicio de amparo bajo el expediente 143/2025, turnado al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de México.

El juez federal José Fernando García Quiroz falló a favor de los ediles, señalando que la suspensión violó los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución, al tratarse de una medida unilateral y arbitraria.

La justicia da un paso, ¿vendrá el segundo?

El exregidor Édgar Ledezma Bernal reafirmó su confianza en las instituciones: “La sentencia ya está dictada. Confiamos en que se cumplirá. Lo que sigue es que la presidenta asuma la responsabilidad de sus actos”.

Por su parte, los ediles reiteraron que continuarán trabajando por la ciudadanía y que seguirán buscando justicia por las vías legales. “Esto no es solo por nosotros. Es por la legalidad y la democracia. Nadie debe estar por encima de la ley”, concluyeron.

La pregunta se repite en los pasillos políticos de Valle de Bravo y más allá: ¿Debe Michelle Núñez responder por daño moral a los ediles? La respuesta podría sentar un precedente.