Denuncian saqueo hídrico el Valle de Bravo; acusan a Grupo México

VALLE DE BRAVO, Edomex., 20 de mayo de 2025.- En plena crisis nacional por la escasez de agua, un nuevo escándalo sacude a México. En el corazón de Valle de Bravo, uno de los principales pulmones hídricos del país, se ha destapado una red de saqueo que opera con total impunidad, amparada por intereses políticos y empresariales.

La reciente intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló la existencia de, al menos, 10 presas ilegales construidas en áreas naturales protegidas. Estas estructuras, hechas para el beneficio privado de empresarios ligados a Grupo México, extraían agua de forma clandestina, afectando directamente el equilibrio ecológico y los niveles del sistema Cutzamala, vital para millones de habitantes del Valle del país.

El rostro del poder: Larrea y sus conexiones

Todas las pistas apuntan a un nombre conocido por su historial de daños ambientales: Germán Larrea, presidente de Grupo México y uno de los empresarios más poderosos del país. Según fuentes oficiales, más de 400 predios en Valle de Bravo están bajo investigación por apropiación ilegal de agua.

Pero Larrea no actúa solo. En el esquema también aparecen nombres como Julio Scherer, influyente abogado con nexos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Rodrigo Morales, jefe de oficina de la titular Alicia Bárcena. Estos vínculos alimentan la sospecha de que el saqueo hídrico fue posible gracias a una red de complicidad institucional.

Presas ilegales en zona protegida

En abril de 2025, la FGR ejecutó un operativo en Mesa Rica, Valle de Bravo, asegurando 10 presas ilegales y 27 vehículos relacionados con las obras. Las estructuras habían sido construidas sin permiso, con maquinaria pesada, remoción de tierra, desviación de cauces y creación de lagos artificiales.

La zona afectada forma parte del Santuario del Agua, reconocida por su importancia para la recarga de acuíferos y biodiversidad. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema Cutzamala opera actualmente por debajo del 50 por ciento de su capacidad, un dato alarmante agravado por esta operación ilegal de acaparamiento del recurso.

La voz de la comunidad

No fue el Estado quien encendió las alarmas, sino los propios habitantes de las comunidades de Mesa Rica y La Huerta. Desde 2024, vecinos notaron movimientos inusuales: maquinaria pesada, desvíos de agua y paisajes modificados. Ante la falta de respuestas oficiales, solicitaron información a Semarnat, que confirmó que no existía autorización para dichas construcciones.

A pesar de esta evidencia, las obras continuaron sin freno, en medio del silencio institucional que suele proteger a los intereses de los poderosos. Los daños ya son evidentes: pérdida de vegetación, alteración de cauces y un impacto directo sobre el ecosistema local.

¿Y la justicia?

Este caso es reflejo de una de las mayores crisis estructurales de México: la impunidad. El saqueo hídrico no solo pone en riesgo a la naturaleza, sino que despoja a comunidades enteras de su derecho al agua. Y cuando los responsables están vinculados al poder político y económico, la justicia parece aún más lejana.

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ha anunciado que interpondrá denuncias para ampliar la investigación. Sin embargo, los ciudadanos exigen más que eso: castigo ejemplar, restauración ecológica y una revisión urgente del marco legal que permita frenar la privatización de los recursos naturales.

Valle de Bravo, que alguna vez fue símbolo de riqueza natural, hoy representa el epicentro de una lucha nacional por el agua. Una lucha que pone sobre la mesa un dilema urgente: ¿podrán las instituciones enfrentar a quienes saquean el país desde las cúpulas del poder?