Denuncian transportistas actos de corrupción en la Secretaría de Movilidad

Se quejan de extorsiones, cobros indebidos y manipulación en los operativos

Luis Ayala/Quadratín Edomex

CHALCO, Edomex., 21 de enero de 2025.- Conductores de transporte público y privado denunciaron actos de corrupción en la Secretaría de Movilidad, señalando directamente a Ernesto García Tampa, director de la Zona IV, y Heriberto Salinas Benítez, delegado en Chalco.

A través de una carta difundida entre sus colegas, los transportistas describieron una serie de irregularidades que involucran extorsión, cobros indebidos y manipulaciones en sus operativos.

Los quejosos, que prefirieron el anonimato por temor a represalias, acusan a los funcionarios de exigir cantidades que van de los 8 a 10 mil pesos para liberar vehículos retenidos, incluso en corralones clausurados.

Según el documento, estos cobros ilegales se realizan con el consentimiento de García Tampa, quien habría ordenado retirar sellos de clausura en corralones como Grúas Gutiérrez y Grúas Pacífico para continuar con estas prácticas.

Un negocio bien estructurado

La denuncia señala que los operativos para sancionar unidades del transporte público son utilizados como herramienta para extorsionar a conductores y dueños de vehículos. Según los transportistas, quienes operan en rutas como la 36, 85, 50, 29, 28, 32, 87, y 51, deben pagar una renta semanal de 200 pesos por unidad para evitar ser molestados por los inspectores de movilidad.

Estas unidades reciben calcomanías específicas, que se cambian cada 15 días, como una especie de «pase libre» en los operativos. Además, se menciona que los inspectores alertan a los transportistas sobre los puntos de revisión para que puedan evadirlos.

Extorsión en oficinas de movilidad y corralones

Otro punto es el cobro de entre 6 y 10 mil pesos a los propietarios de vehículos retenidos para agilizar la liberación y aplicar multas mínimas. Esta práctica ocurre en coordinación con personas identificadas como Carlos Torres y Joel García, quienes, según los denunciantes, son los encargados de gestionar los pagos ilegales.

Asimismo, los transportistas señalan que los corralones también son víctimas de extorsión. Por ejemplo, Mario Ramírez Moreno, dueño de dos corralones, habría pagado 100 mil pesos por la emisión de líneas de captura para concesión, un dinero entregado al inspector Carlos Torres y posteriormente a García Tampa. Corralones como MJ Grúas, Grúas San Pedro, Grúas Castillo y Asistencia Metropolitana también habrían sido extorsionados bajo el mismo esquema.

Responsabilidad del secretario de Movilidad
La carta también lanza señalamientos al secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, acusándolo de ignorar las denuncias y permitir que estos actos de corrupción continúen. Los transportistas cuestionan su falta de atención y plantean la posibilidad de que los recursos obtenidos ilegalmente estén relacionados con la reciente boda del funcionario.

Exigen intervención de la gobernadora

Ante esta situación, los afectados hacen un llamado urgente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que tome cartas en el asunto y ponga fin a lo que describen como «una mafia de extorsión y abuso». Según los transportistas, la Secretaría de Movilidad está siendo utilizada como un mecanismo de enriquecimiento personal para sus funcionarios, mientras las quejas y los abusos continúan sin atención ni solución.

«Es necesario que la gobernadora actúe de inmediato y revise a fondo lo que está ocurriendo en Chalco y en toda la región. No podemos seguir trabajando bajo estas condiciones», concluyen los denunciantes.