Denunciar corrupción en Edomex puede tardar hasta 2 años en resolverse

TOLUCA, Edomex., 5 de noviembre de 2026.- Resolver una denuncia por presuntas irregularidades administrativas o actos de corrupción en el Estado de México (EMX) puede tomar entre uno y dos años, debido a las distintas etapas de investigación, integración de pruebas y procedimientos legales que deben cumplirse antes de determinar responsabilidades, reconoció Óscar Bazán Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), quien planteó la necesidad de fortalecer estos mecanismos y garantizar la protección de quienes denuncian.

El funcionario explicó que las investigaciones iniciales pueden extenderse por más de 90 días naturales, periodo en el que las autoridades deben reunir elementos para acreditar posibles faltas administrativas. Posteriormente, se elabora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), documento con el que se inicia formalmente el procedimiento, aunque todavía pueden presentarse recursos legales y amparos que prolonguen su resolución.

Recursos legales y amparos pueden prolongar los procedimientos

 "Nosotros estamos hablando que sí tarda entre uno y dos años, es lo que siempre hemos estado comentando", señaló.

De acuerdo con la Secretaría de la Contraloría estatal, estos procedimientos contemplan distintas etapas, entre ellas la admisión del informe, el emplazamiento de la persona señalada, la audiencia inicial, el ofrecimiento y desahogo de pruebas, el periodo de alegatos y el cierre de instrucción. Además, las sanciones no dependen de una sola instancia: las faltas administrativas no graves son competencia de la Contraloría y los órganos internos de control, mientras que las graves corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJAEM). 

Ante los tiempos que implica llevar estos casos hasta una resolución, Bazán Alatorre adelantó que otro de los proyectos que impulsará desde el Comité de Participación Ciudadana es un protocolo para proteger a denunciantes y alertadores de corrupción, con el propósito de evitar que quienes aportan información sobre posibles irregularidades enfrenten represalias o afectaciones a su integridad.

 "Debemos asegurar que la denuncia no perjudique a la víctima y entonces no afecte su dignidad", sostuvo.

De igual forma, detalló que esta propuesta se ha trabajado durante tres años con organizaciones nacionales e internacionales, así como con instituciones públicas de los ámbitos federal y estatal. El proyecto contempla mecanismos de protección para las personas que aporten información sobre actos de corrupción e incluso la posibilidad de impulsar una ley específica para proteger a denunciantes y otra para quienes alerten sobre estas prácticas, aunque no precisó una fecha para su presentación o implementación.

Buscan fortalecer las denuncias anónimas y ciudadanas

El nuevo presidente del comité también consideró necesario fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana, particularmente mediante mecanismos anónimos y responsables que permitan a las autoridades investigar posibles irregularidades con elementos suficientes. En ese sentido, destacó la importancia del periodismo de investigación y de las organizaciones civiles para revelar casos de desvíos de recursos y actos de corrupción. 

"Las grandes actos de corrupción o los grandes actos que hemos encontrado donde hay desvíos de recursos, pues vienen de parte de ustedes, de ese periodismo de investigación", expresó al reconocer el trabajo de los medios de comunicación.

Finalmente, Bazán Alatorre señaló que uno de los desafíos será identificar los espacios de mayor contacto entre servidores públicos y ciudadanos, donde existe mayor riesgo de prácticas irregulares, además de mejorar los mecanismos para recibir y atender denuncias. La Secretaría de la Contraloría estatal contempla precisamente la recepción de denuncias como una de las vías para iniciar investigaciones administrativas, por lo que el reto, señaló el funcionario, será conseguir que las personas tengan confianza para reportar posibles actos de corrupción y que sus señalamientos puedan traducirse en investigaciones y sanciones.