Designación de minorías de titulares anticorrupción asegura autonomía

Sólo así se garantizará la correcta operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción

Les deseo una excelente semana, amig@s de Quadratín!

El Sistema Nacional Anticorrupción -definido por el artículo 113 constitucional como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos- ha resultado inútil y requiere cirugía mayor.

El 27 de mayo de 2015 se promulgó el decreto que lo acuña y el año pasado se instalaron los elementos formales que lo integran: el Comité Coordinador (presidido por un miembro del Comité Ciudadano pero integrado por puros burócratas del Ejecutivo); y el Comité de Participación Ciudadana (integrado sólo por ciudadanos, pero con representación rotativa cada año, lo que debilita su capacidad para dirigir el comité coordinador), entre ellos.

Casi un año después, sin embargo, algunos elementos clave no han sido designados: están pendientes el Fiscal General de la Nación y el Fiscal Anticorrupción, lo que inutiliza la operación del sistema.

Pese a la reciente designación del Auditor Superior de la Federación, la reforma no fortaleció la independencia, las atribuciones de este ente y menos el papel de contrapeso del Poder Legislativo al Ejecutivo y Judicial.

En similar situación se encuentra la designación del titular de la Secretaría de la Función Pública, bajo el control del Ejecutivo, a pesar de que Enrique Peña ofreció en 2012 que la Comisión Nacional Anticorrupción sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, y su bancada lo aprobó en 2015.

Debemos agregar las cada vez más claras críticas a las lagunas e inconsistencias de la Ley General de Responsabilidades, que empiezan a permear desde los diferentes sectores de la burocracia y tribunales responsables de su ejecución.

Las designaciones continúan pendientes porque a la mayoría -encabezada por el PRI- en el Congreso de la Unión le fueron rechazados sus candidatos y mejor optó por romper cualquier posible diálogo hasta no tener mayor claridad sobre el nuevo equilibrio de Poderes, una vez pasadas las elecciones federales del presente año, pues en su soberbia, el Gobierno pensó que ganaría.

No obstante, el problema de fondo del Sistema radica en que las normas que lo rigen no garantizan la debida autonomía de este frente al Poder Ejecutivo.

¿De verdad creemos que los legisladores del partido en el poder y sus aliados designarán un Fiscal General de la República neutral, autónomo, capaz de acusar al presidente de la República, a los secretarios y demás titulares de las paraestatales y empresas productivas del Estado, salidos de su partido o de sus aliados?

¿Será posible que el Fiscal Anticorrupción designado por el partido en el poder investigue a cabalidad los posibles actos de corrupción de los burócratas emergidos de su frente político?

Un Auditor Superior de la Federación impuesto por una negociación entre el PRI y Morena, ¿tendrá la suficiente autonomía para realizar una verdadera fiscalización de la cuenta pública del gobierno que lo impuso?

¿Esperamos que un titular de la Secretaría de la Función Pública, designado por el propio presidente de la República y responsable de nombrar a los contralores internos, practique auditorías serias sobre temas delicados y envíe a los tribunales a los burócratas depredadores del erario surgidos de su partido?

Peor aún, ¿los auditores internos y titulares de responsabilidades de Pemex y la CFE designados por los respectivos consejos de administración presididos por el titular de una Secretaría del partido en el gobierno, velarán por combatir la corrupción en las empresas más importantes y saqueadas del Estado mexicano?

Por supuesto que no, salvo que creamos que la corrupción terminará mágicamente con la llegada de un nuevo presidente de la República.

Por ello, consideramos conveniente emprender las reformas constitucionales y legales para que los titulares de dichos entes sean designados por las minorías parlamentarias opositoras, a fin de asegurar un verdadero equilibrio entre los poderes constituidos.

Sólo así se podrá asegurar una verdadera autonomía y un más proporcional sistema de pesos y contrapesos entre los diferentes Poderes.