Después de Enjambre, ¿quién vigila los ayuntamientos?
La Operación Enjambre dejó una advertencia para el Estado de México (EMX): cuando el poder municipal se convierte en instrumento de intereses criminales, la ciudadanía pierde más que confianza. Pierde seguridad, patrimonio y libertad. Las investigaciones y sentencias obligan a discutir qué sucede dentro de los ayuntamientos antes de que intervengan las fiscalías.
Conozco mi estado y he tenido responsabilidades legislativas y de control gubernamental. Esa experiencia me permite sostener que la corrupción municipal encuentra terreno fértil donde las decisiones se concentran, los expedientes se acomodan y quienes deben supervisar prefieren guardar silencio. El deterioro institucional comienza mucho antes de una detención.
Por eso, después de Enjambre, la pregunta es inevitable: ¿quién vigila los ayuntamientos? Una contraloría sin independencia, personal capacitado ni respaldo para investigar difícilmente puede enfrentar al presidente municipal que controla su permanencia. Tampoco basta un cabildo que aprueba todo sin revisar contratos, nombramientos o modificaciones presupuestales.
La responsabilidad alcanza a todos los partidos. Ninguna fuerza política puede exigir limpieza en el municipio vecino mientras protege las irregularidades del propio. Si una administración utiliza su mayoría para bloquear preguntas, desacreditar denuncias o esconder información, debilita las defensas del gobierno y deja a sus habitantes expuestos.
La gobernadora Delfina Gómez tiene ante sí una oportunidad para impulsar una revisión de las capacidades municipales. La coordinación en seguridad debe acompañarse de controles administrativos eficaces. Revisar quién ingresa a una corporación policial importa tanto como conocer quién autoriza adquisiciones, administra combustible o contrata servicios para esa misma institución.
Seguir el dinero resulta indispensable. Los vínculos indebidos también pueden dejar señales en proveedores recurrentes, pagos sin justificación, empresas relacionadas y patrimonios que requieren explicación. Detectarlas exige información verificable, coordinación entre autoridades competentes y respeto al debido proceso. Una sospecha debe investigarse; una acusación necesita pruebas.
También corresponde al Congreso mexiquense fortalecer su vigilancia. Las comparecencias y los informes pierden utilidad cuando terminan sin compromisos comprobables. El Órgano Superior de Fiscalización necesita condiciones para revisar con rigor, y los resultados deben traducirse en correcciones oportunas y, cuando proceda, responsabilidades. Cada autoridad debe responder por sus atribuciones.
Hay una tarea urgente: proteger a quienes advierten irregularidades. Un servidor público que identifica presiones sobre una compra o una orden indebida necesita canales seguros para denunciar. Si hablar significa perder el empleo o enfrentar amenazas, el silencio termina convertido en una regla de supervivencia.
