Destapan corrupción en la Policía de Toluca; acusan cobro de cuotas
TOLUCA, Edomex., 1 de octubre de 2026.- Una nueva denuncia por presuntos cobros ilegales dentro de la Policía Municipal de Toluca ha vuelto a poner bajo escrutinio los mecanismos de control del Ayuntamiento encabezado por Ricardo Moreno Bastida, luego de que una publicación atribuida a la corporación acusara a mandos de exigir cuotas económicas a cambio de mantenerlos en determinadas zonas operativas.
De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, comandantes habrían señalado públicamente presuntas irregularidades, pues aseguran se les estaría exigiendo una cuota de 56 mil pesos por región. El señalamiento añade que, como presunta represalia, un comandante de la zona Terminal habría sido removido y sustituido por otro mando, al que supuestamente se le atribuye una cuota de 100 mil pesos.
Las denuncias de corrupción se acumulan para el gobierno de Moreno Bastida
La acusación adquiere relevancia porque no se trata del primer episodio de esta administración en el que servidores públicos de Toluca aparecen relacionados con posibles actos indebidos. En agosto de 2025, el Ayuntamiento reconoció haber recibido denuncias de presuntos actos de corrupción contra dos trabajadores de la Dirección de Sustentabilidad Vial, quienes fueron retirados de funciones operativas mientras Asuntos Internos revisaba su actuación.
Además, en abril de este año la administración municipal informó la baja definitiva de dos policías después de que una investigación interna acreditara un caso de abuso de autoridad captado en video. En ese mismo periodo, el gobierno municipal también informó que un agente de la Policía Municipal enfrentaba una orden de aprehensión derivada de una investigación ministerial, aunque se sostuvo que se trataba de una conducta individual.
El problema tampoco se limita a la corporación policial. En julio pasado, un trabajador del Ayuntamiento fue detenido junto con otras dos personas por su presunta participación en el desmantelamiento de vehículos que permanecían bajo resguardo en un predio municipal de Cacalomacán. Días después, otro servidor público adscrito al área de Inspección y Control Comercial fue detenido, junto con un exfuncionario, por su probable participación en un esquema de extorsión contra comerciantes, a quienes presuntamente exigían dinero para evitar inspecciones, sanciones o clausuras.
El discurso anticorrupción choca con nuevas denuncias en Toluca
Y es que los propios números reportados por el Ayuntamiento muestran que las denuncias administrativas tampoco son un asunto marginal. En su primer informe de gobierno, la administración de Moreno Bastida reportó 180 denuncias por faltas administrativas relacionadas con actos de autoridad, de las cuales derivaron 150 informes de presunta responsabilidad administrativa y 30 fueron consideradas no procedentes; además, se informó de la emisión de 690 resoluciones por faltas administrativas no graves.
El contraste resulta evidente, mientras el gobierno municipal presume la implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción y sostiene que la prevención es la vía para combatir estas prácticas, los casos documentados durante la gestión muestran que los controles internos siguen enfrentando episodios que llegan incluso a investigaciones ministeriales.
La nueva acusación sobre las supuestas cuotas dentro de la Policía Municipal deberá seguir ese mismo camino, con una investigación, la identificación de responsables y la aplicación de la ley, en el caso de que existan elementos que sustenten los señalamientos. Mientras eso ocurre, el reto para el Ayuntamiento no es solo anunciar mecanismos anticorrupción, sino en demostrar que funcionan incluso cuando las denuncias involucran precisamente a quienes tienen bajo su responsabilidad vigilar y hacer cumplir la ley.
