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Distopía en la Escuela Normal Rural de Tenería
TOLUCA, Edomex., 30 de mayo de 2017.- De configurarse y denunciarse ante las autoridades, el candidato del PT al gobierno mexiquense, Óscar González Yáñez, podría alcanzar de dos a nueve años de prisión por realizar propaganda para otro partido, esto de acuerdo con el representante del PRD ante el IEEM, quien esta mañana puso el dedo en el renglón, a cuatro días de que el petista se sumó a la morenista, Delfina Gómez.
Durante la sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el representante del Sol Azteca pidió se diera seguimiento legal y fiscalizar la declinación del candidato del PT.
Leyó los artículos 14 y 15 de la Ley de Delitos Electorales, y concluyó, de acuerdo a su interpretación, que realizar proselitismo para otro candidato responde a un delito y merece una sanción, pues dijo, además se debe fiscalizar la posible transferencia y uso de recursos para promover el voto a favor de la morenista.
El artículo 14 de la refería Ley, esgrime que «se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la Fracción III del Artículo 11 de esta Ley».
En tanto, que el artículo 15 sostiene que «se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley».
Además, prevé que la pena «aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral».
Se acaloró la discusión. El representante del PT, Joel Cruz Canseco salió a la defensa y respondió que el candidato después de su pronunciamiento suspendió actividades proselitistas y aseguró que no se han hecho uso de más recursos o traspaso de ellos «si hay que fiscalizar que lo haga la instancia correspondiente, hemos cumplido y saldado cuentas», aseveró.
El representante de Morena, mencionó que la declinación fue un acuerdo político, el cual no está prohibido ni es irregular ante la Ley, por lo que apuntó que la desicion del petista fue un ejercicio pleno de libertad en el que también estuvo involucrado la dirigencia nacional y exigió al perredista pruebas del supuesto traspaso de recursos que acusó.