Dictan prisión preventiva a funcionarios por extorsión a verificentros
CHALCO, Edomex., 13 de agosto de 2026.- Una jueza de control impuso prisión preventiva justificada a dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México (EMX), quienes son investigados por su presunta participación en una red de extorsiones relacionadas con el programa de verificación vehicular.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Raúl N está imputado por el delito de extorsión agravada, mientras que Carlos Eduardo N enfrenta acusación por abuso de autoridad. Ambos fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión y trasladados ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco.
Defensa cuestiona las detenciones
La audiencia de formulación de imputación se prolongó durante más de 16 horas. Durante la diligencia, la defensa de los funcionarios argumentó que las detenciones fueron ilegales y cuestionó la configuración de los delitos atribuidos por el Ministerio Público, por lo que solicitó que sus representados fueran puestos en libertad.
La juzgadora desestimó los argumentos de los abogados y determinó imponer prisión preventiva justificada a ambos imputados, al considerar necesario proteger a víctimas y testigos, evitar posibles obstáculos para el desarrollo de las investigaciones y reducir el riesgo de que los acusados se sustraigan de la acción de la justicia.
La situación jurídica de Raúl N y Carlos Eduardo N todavía no está definida, debido a que sus abogados solicitaron la ampliación del plazo constitucional para resolver si serán vinculados a proceso.
Investigan posible red de extorsión
La audiencia continuará el sábado 15 de agosto a las 10:30 horas, cuando la jueza deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra los dos funcionarios por los delitos que les atribuye la FGJEM.
Según las investigaciones ministeriales, ambos servidores públicos formarían parte de un entramado que presuntamente afectó a propietarios de Centros de Verificación Vehicular del Estado de México, así como a automovilistas obligados a realizar el trámite de control de emisiones.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado el mecanismo mediante el cual presuntamente se exigían los pagos, ni ha precisado los montos involucrados, el número de posibles víctimas o el periodo durante el cual habría operado esta estructura.
Las indagatorias se ampliaron a partir de denuncias presentadas por distintas víctimas y también alcanzan a otros servidores y ex-servidores públicos, además de particulares cuya posible participación continúa bajo investigación.
La FGJEM señaló que las investigaciones continuarán con apoyo del Gabinete Nacional de Seguridad y no descartó que conforme avancen las diligencias se puedan obtener órdenes de aprehensión o formular nuevas imputaciones contra otras personas.
Raúl N y Carlos Eduardo N deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.
