¿Dónde quedaron los datos? La transformación digital de México y el reto de la soberanía tecnológica

La privacidad de los datos personales en México ha sido una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. ¿Dónde se almacenan? ¿Quién los resguarda? ¿Pueden ser utilizados sin control?* Estas preguntas han carecido de respuestas claras por parte del gobierno a lo largo de los años. Sin embargo, el país está en un punto de inflexión: la consolidación de una política de independencia y autonomía digital liderada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
El precedente fue establecido durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la entonces Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que impulsó el uso de centros de datos públicos como depósitos oficiales de la información ciudadana. El objetivo: garantizar que el resguardo de la identidad digital no dependiera de empresas privadas, eliminando el riesgo de pérdida de datos por fallos administrativos, “secuestro” de los datos, quiebras o incluso uso indebido de la información.
Ahora, bajo el gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la ATDT —dirigida por José Antonio Peña Merino— tiene la labor de consolidar esta estrategia con un enfoque estructural, que tiene como objetivo que el Estado se convierta en el único responsable de la protección de la identidad digital de los ciudadanos, sentando las bases de una nueva era de seguridad digital y eficiencia administrativa.

DE LA INCERTIDUMBRE A LA OPORTUNIDAD: LA INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA EN MÉXICO
Si bien esta política ha generado revuelo y una aparente incertidumbre en el sector tecnológico, lejos de representar una expropiación digital, abre grandes oportunidades para la innovación y la adopción de mejores prácticas y nuevas tecnologías. La creación de software por entidades de la Administración Pública Federal (APF) y el desarrollo de soluciones tecnológicas propias permitirán operar plataformas digitales sin depender de proveedores privados, nacionales o extranjeros. Esto no se trata de excluir a la iniciativa privada, sino de establecer un modelo controlado, eficiente y con costos reducidos.
En términos prácticos, la soberanía tecnológica traerá beneficios directos para la ciudadanía:
Reducción de trámites burocráticos: con un 56% menos de trámites administrativos y una disminución de 33% en requisitos los ciudadanos podremos realizar nuestras gestiones de manera digital sin intermediarios.
Cierre a la corrupción y “coyotes”: la digitalización de servicios evita la venta de citas y espacios, promoviendo transparencia y eficiencia en la gestión de las dependencias de la APF.
Acceso universal a los servicios digitales: con el uso de una identidad digital vinculada a la Clave Única de Registro de Población (CURP) se garantizará que los trámites sean más rápidos y seguros.
Protección de los datos personales: si los datos están bajo resguardo del Estado no podrán ser embargados o utilizados por terceros en caso de conflictos legales con proveedores privados.

LOS DESAFÍOS DE LA SOBERANÍA DIGITAL
Pese a los beneficios, la consolidación de un gobierno digital soberano enfrenta obstáculos clave:
Resistencia institucional y funcional: no todas las dependencias gubernamentales están listas para adoptar nuevas tecnologías.
Interoperabilidad de sistemas: integrar bases de datos de distintas dependencias e instituciones del gobierno requiere infraestructura robusta y protocolos de seguridad avanzados.
Ciberseguridad: proteger la información de los ciudadanos es crucial para evitar filtraciones o ciberataques.
Nuestro país está en un proceso de transición digital que marcará su futuro y liderazgo en América Latina. La independencia tecnológica ya no es una opción, sino una necesidad para garantizar la soberanía digital del país.
La pregunta no es si México logrará consolidar su soberanía digital, sino cuándo y cómo logrará hacerlo de manera efectiva.

*Master en Legal Tech Inesdi, Techschool Madrid, España