Ecatepec bajo la lupa: 231 millones en observación

La reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) vuelve a colocar a Ecatepec de Morelos en el centro del debate sobre el manejo de recursos públicos. El órgano fiscalizador dictaminó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 231 millones 439 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2024, equivalente al 54.3 por ciento de la muestra auditada. Una cifra que no solo es escandalosa por su magnitud, sino por lo que revela sobre la gestión administrativa municipal.

La auditoría integral revisó 426 millones 588.5 mil pesos del gasto federalizado, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y de las Participaciones Federales a Municipios (PFM). De ese universo, 214.5 millones correspondieron al FAISMUN y poco más de 212 millones a participaciones federales. El resultado: incumplimientos normativos, inconsistencias contables y falta de documentación comprobatoria en múltiples contratos.

Entre las obras y servicios observados destacan proyectos de alto impacto presupuestal: la construcción del colector en Jardines de Morelos (125.9 millones), la adquisición de bienes para el Proyecto Jaguar 2.0 (129 millones) y la rehabilitación de la avenida Lourdes en San Agustín (71.5 millones). A ello se suman la renta de camiones compactadores, el arrendamiento de helicóptero, el servicio de monitoreo de unidades y la construcción de una planta potabilizadora.

Más allá de los montos, el problema central radica en la ausencia de documentación que compruebe y justifique el gasto. La ASF señala que los registros presupuestales no coinciden con el registro contable y que no se entregaron expedientes completos de contratos, estimaciones de obra ni documentación de cierre. Es decir, no se trata únicamente de posibles sobrecostos, sino de una falla estructural en los mecanismos de control interno.

Las irregularidades implican presuntas violaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Como resultado, la ASF emitió promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y pliegos de observaciones, abriendo la puerta a posibles sanciones.

Durante 2024, la administración municipal fue encabezada por Fernando Vilchis Contreras, hoy diputado federal del Partido del Trabajo, quien solicitó licencia en agosto para dejar el cargo a su sucesor. Aunque las auditorías no determinan culpabilidad penal —eso corresponde a otras instancias— sí establecen responsabilidades administrativas y financieras que deberán solventarse.

La conclusión de la ASF es contundente: el municipio “no realizó una gestión eficiente de los recursos fiscalizados de la Cuenta Pública 2024”. En un municipio que históricamente enfrenta rezagos en infraestructura, seguridad y servicios básicos, la opacidad en el uso de recursos federales no es un asunto menor. Cada peso observado representa obras inconclusas, servicios deficientes o necesidades sociales insatisfechas.

Ecatepec no solo enfrenta un reto legal, sino uno de credibilidad institucional. La transparencia no es un requisito burocrático: es la base mínima para gobernar con legitimidad. El desenlace de estas observaciones será una prueba no solo para la administración saliente, sino para el sistema de fiscalización y rendición de cuentas en el país.