El feminicidio y las nuevas violencias
He aprendido que las leyes no pueden quedarse estáticas cuando la realidad social cambia constantemente. Hoy, las mujeres enfrentamos realidades distintas, y la justicia debe estar a la altura de esos tiempos y el Estado no puede permanecer indiferente. Por eso, he presentado una iniciativa para reformar el artículo 325 del Código Penal Federal, con el propósito de actualizar la tipificación del feminicidio y responder a las nuevas formas en que este delito se comete en México.
Cuando en 2012 se incorporó el feminicidio al Código Penal, dimos un paso histórico: por fin se reconocía que los asesinatos de mujeres no eran simples homicidios, sino expresiones extremas de una violencia estructural. Sin embargo, la realidad ha cambiado, y con ella, también las formas en que se violenta y se asesina a las mujeres. Hoy sabemos que antes del feminicidio puede existir un largo camino de acoso, amenazas, hostigamiento y violencia digital que, aunque deja huellas profundas, todavía no está plenamente reconocido en la ley.
Por eso propongo que el Código Penal reconozca explícitamente la violencia digital y virtual como antecedente del feminicidio. Porque el daño psicológico, la exposición pública y la persecución en redes sociales pueden ser el inicio de una espiral que termina en tragedia. Nombrarlo en la ley es reconocer que el entorno digital también puede ser un espacio de violencia letal.
Asimismo, propongo ampliar la fracción VII del artículo 325 para incluir nuevas formas de disposición del cuerpo de la víctima, como el almacenamiento, entierro, incineración o incluso la ingesta, prácticas que lamentablemente hemos conocido en casos recientes. No podemos cerrar los ojos ante esa brutalidad ni permitir que la ley se quede corta frente a la crueldad.
Finalmente, la reforma precisa que el delito se agravará cuando la víctima tenga discapacidad física, mental o intelectual, o se encuentre en condiciones de evidente indefensión. Esto es fundamental, porque no todas las vulnerabilidades son visibles, y quienes las padecen requieren una protección reforzada del Estado.
Esta iniciativa no busca castigar más por castigar; busca nombrar, reconocer y proteger. Cada palabra nueva que añadimos al Código Penal representa una vida que podría salvarse. Representa también el compromiso de un país que ya no quiere mirar hacia otro lado.
El feminicidio es el reflejo más atroz de una sociedad desigual, pero también una oportunidad para corregir el rumbo. Reformar el Código Penal es un acto de responsabilidad y justicia. Es decirle a las mujeres que el Estado las ve, las escucha y las nombra.
Porque cuando la ley calla ante nuevas violencias, la impunidad habla más fuerte. Y mientras haya una sola mujer asesinada por el hecho de ser mujer, nuestras leyes seguirán teniendo la obligación de evolucionar.
