El GAFI ya llegó a los estados y muchos siguen fingiendo que no
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no evalúa directamente a los gobiernos estatales. Evalúa al país. Y lo que ocurre o no ocurre en los estados pesa cada vez más en esa calificación.
México atraviesa una nueva ronda de evaluación mutua. La visita in situ ya se realizó. El enfoque ya no es solo normativo, mide efectividad real. Eso incluye cómo se controlan los recursos públicos, cómo se otorgan contratos, cómo se identifica a los beneficiarios finales y cómo se combate la corrupción a nivel subnacional.
Los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ya no se concentran solo en el ámbito federal. Operan con fuerza en contrataciones estatales, obra pública, inmobiliario y estructuras corporativas vinculadas a poder local. Cuando un estado mantiene opacidad, discrecionalidad y controles débiles, no solo genera impunidad local, genera un riesgo sistémico que observan bancos, reguladores y agencias internacionales.
La consecuencia ya no es solo política o mediática. Es financiera. Una mala evaluación o la percepción de debilidad institucional puede encarecer el costo del dinero para todo el país, complicar relaciones con corresponsales y aumentar la presión de organismos como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Muchos gobiernos estatales todavía operan como si estas reglas no les aplicaran. Siguen sin registros efectivos de beneficiarios finales, sin fiscalización preventiva robusta y sin coordinación real con la UIF. Esa indiferencia ya no es solo negligencia, es una apuesta riesgosa contra la credibilidad internacional de México.
El GAFI no necesita señalar con el dedo a un estado específico. Basta con que las debilidades locales erosionen la efectividad nacional para que todo el país pague el precio.
La pregunta ya no es si los estados deben adaptarse.
La pregunta es cuántos lo harán antes de que el costo sea irreversible.
