El gatopardo
El año 2026 marcó el comienzo del segundo año de la segunda fase de la Cuarta Transformación. Una de las responsabilidades del Poder Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum como presidenta es enviar propuestas al Congreso de la Unión para cambiar la Constitución o, si lo requiere, seguir con las iniciativas pasadas.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) ha publicado 48 reformas legales y constitucionales que el Poder Ejecutivo ha presentado a lo largo de los primeros quince meses del actual gobierno. En esta fase han experimentado más cambios en los últimos cinco sexenios.
Esto derivó en dos intensos periodos legislativos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, siendo 2025 un año donde se aprobaron más de 20 reformas.
Por lo tanto, el año 2026 se convertirá en otro periodo de transición en términos de regulación, ya que se aplicará un extenso conjunto de reformas y será necesario aprobar y/o divulgar leyes secundarias del llamado "Plan C", que comprenden alrededor del 35 por ciento de las leyes o reglamentos como la Ley General de Aguas o la Ley General de Economía Circular.
El inconveniente es que la implementación de reformas recientes, en particular las que se refieren a asuntos fiscales, laborales y sectoriales, crea incertidumbre para las compañías y obstaculiza el desarrollo económico del país.
Es muy probable que en 2026 se produzcan nuevos cambios a nivel legislativo que impactarán al sector privado, aunque el ciclo de reformas más relevante del gobierno de Claudia Sheinbaum ya se ha ejecutado.
Primeramente, aunque parece improbable que se realice una reforma fiscal integral y completa, hay una posibilidad de que el gobierno implemente cambios adicionales en este sector (por ejemplo, incrementar los impuestos sobre ciertos productos como las bebidas alcohólicas o los ultraprocesados para promover hábitos más saludables entre la población) con el propósito de incrementar la recaudación.
Por otra parte, el compromiso del gobierno federal de mejorar los empleos es uno de los fundamentos necesarios para que la presidenta y Morena obtengan aprobación. Por lo tanto, el Congreso tiene la posibilidad de aprobar cambios que favorezcan a los empleados, como reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. En numerosas ocasiones, estas reformas se han puesto en marcha de forma rápida y sin ofrecer a las compañías la posibilidad de ajustarse. Estas reformas laborales serían un desafío adicional para las empresas en términos de costos de operación y cambios en los procesos, en medio de un ambiente caracterizado por la incertidumbre y presiones sobre el sector privado desde diversos enfoques.
De igual manera, con el objetivo de ganar popularidad para las elecciones intermedias de 2027, es posible que existan legisladores que presenten propuestas inesperadas y arriesgadas para ciertos sectores o para la comunidad empresarial en general. Dado que el morenismo tiene la mayoría en 27, es posible que las dos cámaras den su aprobación a alguna de estas propuestas.
Esto sin olvidar que Donald Trump se encuentra en modo campaña rumbo a sus propias elecciones.
En conclusión, los compromisos laborales del proyecto de redistribución fiscal de la coalición gobernante, sus propósitos electorales para 2027 y su necesidad fiscal podrían llevar al gobierno federal a aprobar reformas adicionales que pongan en peligro el ambiente empresarial. Estas reformas, junto con las ya implementadas, podrían intensificar la incertidumbre entre los inversores y las empresas.
Hagamos un recuento conciso de las reformas implementadas por la Cuatro Té, con especial atención en aquellas que tienen más relación con los intereses de Estados Unidos, del sector privado y que pueden impactar el crecimiento económico.
En primer lugar: aumento de aranceles a China, Corea y otros países
Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para ajustar mil 463 fracciones arancelarias e imponer cuotas de entre cinco y 50 por ciento a productos de China, Corea del Sur, Brasil y otros países sin acuerdos comerciales con México.
El incremento de los aranceles tendrá un efecto en 17 sectores industriales, entre los que se incluyen principalmente: autopartes, automóviles livianos, ropa, plástico, siderurgia, aparatos electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado y artículos de cuero. También se verán afectados el papel y cartón, las motocicletas, el aluminio y los cosméticos.
Segunda. Ley aduanera
Reformas a la Ley Aduanera, con una modificación en su artículo primero transitorio que establece que la norma entró en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Busca endurecer las medidas de control fiscal y los trámites para la importación y exportación de mercancías, con el objetivo de combatir el tráfico de combustibles, la corrupción en el sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando.
Tercera. Ley antimonopolio
Se modifica la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Competencia Económica. Esto con la finalidad de establecer la Comisión Nacional Antimonopolio, que reemplazará a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); será un organismo público descentralizado bajo el sector de la Secretaría de Economía, es parte de la reforma constitucional para simplificar lo orgánico, publicada el 20 de diciembre del año 2024.
Cuarta. Desaparecer el Coneval
Se extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La reforma armoniza la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad gubernamental con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución.
Ahora el INEGI tendrá la capacidad de: cuantificar la pobreza en México, hacer sugerencias, colaborar con autoridades de los tres niveles de gobierno y actualizar las directrices técnicas para medir la pobreza. Sin autonomía, lo cual es un desastre para planificar la inversión privada.
Quinta. Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
Prevé suprimir, simplificar, digitalizar y homologar trámites de los tres órdenes de gobierno, a fin de reducir los costos burocráticos y los actos de corrupción.
Sexta. Ley Federal de Protección al Consumidor
Se modificó la Ley Federal de Protección al Consumidor para permitir que los suscriptores cancelen servicios sin enfrentar penalizaciones, en particular en situaciones donde se aplican cobros automáticos o suscripciones periódicas.
Séptima. Creación de CURP biométrica
Se realizaron modificaciones a la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población. Propone la creación de una Plataforma Única de Identidad que unirá registros como el de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros archivos administrativos con bases de datos que faciliten hacer búsquedas en tiempo real por medio de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP).
Octava. Ley de Telecomunicaciones
Con las reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantea una reestructura profunda del marco regulatorio del sector.
La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son algunas de las modificaciones más notables, ya que esta agencia nueva tomará su lugar como autoridad reguladora.
Novena. Ley de lavado de dinero
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene como objetivo robustecer las leyes con el fin de evitar y examinar el lavado de dinero, salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, respetar las normas internacionales y defender la integridad de la economía nacional.
Aumenta los sistemas de cumplimiento e incluye sistemas automatizados y reglas específicas para monitorear a personas políticamente expuestas. También se detallan las responsabilidades de los corredores públicos y notarios en su colaboración contra el blanqueo de dinero, se amplía la lista de actividades vulnerables (por ejemplo, los fideicomisos, la actividad inmobiliaria y los activos virtuales) y se cambian definiciones importantes como la relación comercial.
El maestro Carlos Fuentes, abogado de origen en la UNAM, hacía una combinación de sus estudios en Derecho con el Charro Cossio y los Bailes del Salón México, nos decía a menudo: las "leyes" son también las fuerzas invisibles, la historia, el destino o las contradicciones propias de la sociedad mexicana que inciden sobre los personajes, más allá del Código Civil. En su trabajo literario, examina la distancia entre el orden formal y la realidad social al jugar con el concepto de las leyes escritas y los poderes subyacentes que efectivamente rigen la vida. Las reformas en términos legislativos y reglamentarios de la segunda fase de la Cuatro Té son un reflejo de las presiones ejercidas por Donald Trump, del estancamiento económico y, sin duda, del esfuerzo por sostener el PODER.
