El horizonte democrático
El sistema de partido hegemónico mexicano se convirtió en una partidocracia. Así como la celebración periódica de elecciones encubrió la naturaleza autoritaria del régimen político, el pluripartidismo derivado de las múltiples reformas electorales que iniciaron con la inclusión de los diputados de partido en 1963 y culminaron con la reforma de 2014 encubrió su carácter elitista. La partidos políticos que conformaron la coalición política dominante construyeron una partidocracia por consenso, donde la rotación periódica de las élites para la renovación de los órganos de representación política mediante elecciones y un orden institucional especializado estaba jurídicamente garantizada.
El régimen político mexicano no ha sido simplemente una democracia política deficitaria, enfocada en la forma y los procedimientos de la representación política sin mayor interés por la cuestión social. El presidencialismo autoritario de partido hegemónico se convirtió en una partidocracia presidencialista, donde convivían un pluralismo político limitado con una sociedad despolitizada y una clase política pragmatista, descompuesta y comprometida con las políticas neoliberales, cuya élite controlaba la esfera pública institucional por encima de la ciudadanía e incluso a sus espaldas.
En otras palabras, los resultados de la liberalización inducida por el propio régimen autoritario fueron el pluralismo y la competencia electoral, así como la sustitución del partido hegemónico por una partidocracia, donde el mismo PRI, el PAN y luego también el PRD formaron una coalición política dominante a favor de la continuidad del neoliberalismo y el presidencialismo autoritario.
Los triunfos de Morena y los debates en torno a la reforma electoral han evidenciado los límites de la partidocracia neoliberal mexicana. De hecho, la confrontación de las mayorías al frente de los órganos públicos con la oposición partidista minoritaria es, realmente, un enfrentamiento entre representantes populares pro democráticos y la clase política beneficiaria de la partidocracia autoritaria.
La democracia formal construida en el marco de la llamada transición fue presentada por sus ideólogos y divulgadores como consolidada e irreversible a fin de inhibir la búsqueda de otras opciones fuera de la partidocracia neoliberal. Sin embargo, la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas por sí misma no resuelve la cuestión social. Los defensores de la transición perdieron de vista la definición de democracia que contempla la Constitución mexicana como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y es que los gobiernos neoliberales no se interesaron nunca por construir una sociedad de bienestar para el pueblo. La liberalización fue funcional para la clase política mexicana, que defendía los procedimientos electorales pero se desentendía de la democratización integral del Estado. De esta manera, si bien hubo cambios en el régimen político mexicano, fueron variaciones dentro del mismo régimen que no alteraron su carácter autoritario, ahora como partidocracia presidencialista.
Así como la democracia política no se reduce a elecciones, la prosperidad e igualdad no se alcanzan con procesos electorales ensimismados. El sentido de las elecciones es que desde los cargos públicos se tomen decisiones a favor de las mayorías. No se trata simplemente de jugar a la democracia o de votar por votar. La democracia sustantiva o igualitaria no puede estancarse, confundirse ni diluirse en la democracia formal o de procedimientos. En todo caso, la transición a la democracia que el pueblo de México anhela es integral: política, económica y social.
Al final, el propio neoliberalismo agotó las reformas electorales y el sistema de partidos plural y competitivo, mostró incluso las limitaciones políticas, económicas, sociales y culturales de la alternancia, así como de la democracia meramente electoral, formal o de procedimientos: pluripartidismo, elecciones competitivas y garantías para el voto libre. Entonces, Morena apareció como la opción institucional viable de alcance nacional para revertir la desviación de poder y el deterioro del Estado social de Derecho asociados al saldo rojo de las políticas macroeconómicos antipopulares vigentes desde la década de los ochenta y operadas por una partidocracia corrupta contraria al interés público.
Resulta indispensable reconocer que la reorientación del poder público a la consecución del bienestar social y la defensa de la soberanía nacional, en contra de privilegios e intereses oligárquicos enquistados en el Estado, constituye la guía moral y retórica fundamental de las correcciones y ajustes impulsados por la “Cuarta Transformación” a favor de la democracia y la justicia en aras de un orden político posneoliberal.
@Raymundo_EH
