El narco como pretexto
El gobierno del presidente Donald Trump tomó la decisión de declarar a los narcotraficantes como terroristas. En el marco normativo de ese país, la categoría jurídica permite al gobierno norteamericano intervenir en cualquier lugar que considere necesario y actuar contra el crimen organizado que desafíe la salud pública de sus ciudadanos y atente contra su seguridad nacional. Si bien es un derecho, no deja de ser una acción unilateral que determina la potencia para ejercer presión sobre otros gobiernos. Es una expresión del intervencionismo hegemónico de Estados Unidos en momentos de una crisis política global.
La amenaza es latente. El riesgo mayor es una intervención militar directa, aunque no se descarta —o, mejor dicho, ya parece probable— una intervención de carácter encubierto. Por ahora, parece más probable una estrategia de desestabilización política y mediática. Sobre todo, mediante una acción informativa de los medios nacionales contrarios a la presidenta Sheinbaum y a la 4T que actúan en equipo y como un frente único opositor integrado por el PRI, el PAN, empresarios, intelectuales, periodistas y sectores conservadores.
El contenido acumulado de los archivos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos seguramente tienen información sobre los vínculos de políticos mexicanos con los distintos grupos de narcotraficantes que operaban en el país. Esta relación puede tener, al menos, dos características: la primera, de políticos actuando como protectores de líderes criminales y, la segunda, como subordinados a los grupos de narcotraficantes, ante el poder armado y corruptor acumulado por años de complicidad.
Con el paso del tiempo, se demostró que muchos de los grupos criminales continuaron operando bajo protección política, incluso dentro de estructuras vinculadas al poder. esto ocurrió en realidades locales y en el orden presidencial. Más señalados por investigaciones periodísticas y académicas fueron los sexenios de Zedillo, Salinas, Fox y Calderón. De hecho, el problema parece haberse extendido a partir de la llegada de la alternancia en el poder público, tanto en las entidades federativas como el Poder Ejecutivo del país.
La certificación era el instrumento de política exterior que Estados Unidos aplicaba a países que supuestamente no cumplían con el combate al narcotráfico. ¿Bajo qué criterios lo hacían? Únicamente bajo sus propios intereses y con base en información producida por sus agencias de inteligencia. La cooperación no se establecía bajo una relación de iguales, sino a partir del interés de Estados Unidos. Así ocurrió en diversos episodios de intervención política en Colombia, Perú, Bolivia, Cuba y otros países de América Latina, donde la política antidrogas funcionó como mecanismo de control geopolítico.
Dos hechos emblemáticos de esa lógica intervencionista fueron Guatemala y Chile, donde Estados Unidos respaldó procesos de desestabilización bajo la bandera del anticomunismo, dilema propio del periodo de la guerra fría. Fueron gobiernos electos democráticamente, pero era el tipo de democracia que no gustó a los norteamericanos. En la caida de los presidentes de Guatemala y de Chile se ha mencionado el papel estratégico que desempeñó la CIA. Décadas después, la lucha antidrogas sustituyó ese discurso como nuevo argumento de intervención regional.
Las imputaciones a gobernantes mexicanos por vínculos con el narcotráfico han existido desde el gobierno de Miguel Alemán. Siempre han tenido información y versiones sobre presuntas relaciones entre políticos, empresarios y grupos criminales. La diferencia actual es que la declaratoria de terrorismo abre la puerta a nuevas formas de presión internacional y a mecanismos de intervención mucho más agresivos.
Con el desgaste a la presidenta Sheinbaum y a México, por denuncias a políticos por supuestos vínculos con el narcotráfico, la derecha se piensa fortalecida, la percepción social parece tener otra narrativa.
