El nuevo federalismo para la transformación de México:
La ciudad como cuarto orden de gobierno
Toda Constitución es hija de su tiempo, la nuestra fue concebida para responder a las condiciones económicas, sociales y territoriales de un país predominantemente rural. El federalismo que diseñó el Constituyente de Querétaro reflejaba esa realidad histórica: un Estado nacional integrado por tres órdenes de gobierno -la Federación, las entidades federativas y los municipios-.
Más de un siglo después, México es otro país. La transformación demográfica, económica y territorial ha modificado profundamente la forma en que vivimos. Hoy México es una nación eminentemente urbana. Más del ochenta por ciento de la población habita en ciudades; millones viven en zonas metropolitanas que rebasan los límites municipales y estatales: la realidad constitucional ya no corresponde a la realidad social.
Las grandes metrópolis concentran la mayor parte de la actividad económica, la innovación, los servicios especializados y la infraestructura estratégica del país. Sin embargo, continúan siendo gobernadas mediante un entramado institucional diseñado para una nación rural de principios del siglo XX.
La movilidad, la seguridad, el agua, los residuos, el transporte masivo, la protección ambiental, la vivienda y la planeación territorial son fenómenos que ya no pueden resolverse desde la lógica fragmentada de decenas de municipios con capacidades desiguales.
Por ello resulta indispensable abrir un debate nacional sobre una nueva etapa del federalismo mexicano. Una de las reformas más importantes consistiría en reconocer constitucionalmente a la Ciudad metropolitana como un cuarto orden de gobierno, con personalidad jurídica, patrimonio propio, competencias claramente delimitadas y mecanismos democráticos de representación ciudadana. Esta propuesta no busca debilitar a los municipios ni a las entidades federativas, sino coordinar funciones hoy dispersas, evitando duplicidades y conflictos de competencia. Pero una reforma de esta magnitud exige revisar también el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
La discusión no puede reducirse a quién recauda más. El verdadero debate consiste en construir un sistema fiscal capaz de disminuir las desigualdades sociales y regionales. La política fiscal constituye uno de los principales instrumentos para hacer efectiva la justicia social. La Cuarta Transformación ha recuperado la idea de que el Estado existe para corregir desigualdades, garantizar derechos y colocar la dignidad humana en el centro de las políticas públicas.
El principio 'Por el bien de todos, primero los pobres' representa una concepción ética del Estado de Derecho. Para materializarlo plenamente resulta indispensable modernizar la arquitectura institucional y construir un nuevo federalismo fiscal.
Ello implica fortalecer las capacidades financieras de los gobiernos locales, crear mecanismos transparentes de coordinación metropolitana, establecer criterios más equitativos para la distribución de recursos y consolidar un sistema tributario con mayor progresividad. Actualizar el federalismo no significa romper con nuestra tradición constitucional; significa mantener vivo el espíritu transformador que inspiró al Constituyente.
La Cuarta Transformación ha demostrado que las instituciones pueden cambiar cuando existe voluntad política para ponerlas al servicio del pueblo. Ha llegado el momento de reconocer constitucionalmente a las grandes ciudades como un nuevo espacio de gobierno democrático y construir un sistema nacional de coordinación fiscal que distribuya con mayor justicia la riqueza pública: porque fortalecer el federalismo significa fortalecer a la República, y una República más fuerte sólo puede construirse haciendo realidad el principio que guía el proyecto nacional: por el bien de todos, primero los pobres.
