El paquete económico del Edomex 2026, una propuesta inacabada

Un Paquete Económico debe tener claras la ruta, objetivos y las metas, del universo a abordar, requiere de un buen diagnóstico de las variables tanto económicas como político-sociales.

Al principio del paquete se deben señalar el diagnóstico, las variables involucradas y, como decía la economista Ifigenia Martínez y Hernández, las metas cuantificables, en lo que se denomina “Criterios Generales de Política Económica”.

El monto del presupuesto del Estado de México (Edomex) para el año 2026, asciende a 410 mil 342 millones de pesos. Representa un incremento del 5.6 por ciento con relación al presupuesto de 2025. El porcentaje de recursos generados en nuestro estado es de 26.7 por ciento, y los ingresos federales representan el 73.3 por ciento: Participaciones, aportaciones, y convenios.

Los principales objetivos del Paquete Fiscal del Estado de México 2026 esta administración los destina a los rubros: bienestar social; disciplina financiera (sin nueva deuda); e inversión histórica en infraestructura.

Al bienestar social (educación, salud, seguridad, desarrollo de vivienda social y programas contra la pobreza), se destina el 54 por ciento del presupuesto total. Al desarrollo de la infraestructura (recursos para mejorar a la movilidad urbana, para caminos rurales, y para modernizar a espacios públicos), se destina el 20.7 por ciento.

Por tercer año consecutivo, la propuesta no contempla la contratación de deuda.

Para empleo digno y desarrollo económico, se ejercerán 24 mil 704 millones de pesos (6.0 por ciento), que van a impulsar a innovación tecnológica, campo, turismo y productividad regional.

Para el bienestar ambiental y agua se ejercerán 7 mil 648 millones de pesos (1.86 por ciento), e incluye a preservación ecológica, obras hidráulicas, manejo de residuos y energías limpias.

Destaca el 'Plan Integral de la Zona Oriente', que se amplió a otros municipios estratégicos, con 121 líneas de acción en infraestructura social, movilidad, vivienda, educación y salud, cuya inversión estatal será de más de 3 mil millones de pesos (0.73 por ciento).

Sin duda, este sería un paquete económico adecuado para una economía estable y en buenas condiciones, pero pensamos que no es del todo adecuado para una economía en crisis como la del Estado de México. La mayoría de los puntos los compartimos. Pero hay diferencias de criterio, pues nuestro análisis considera indispensable aumentar con mayor fuerza la producción industrial y agroindustrial, y de lograr generar mayor valor agregado con inversión productiva. Por ello tenemos algunas sugerencias:

1. No basta el combate a la pobreza y la distribución del gasto social, que es lo que nos configuran una imagen electoral aceptable. Siempre lo que se reparte o distribuye, primero tiene que ser generado por nuestra capacidad productiva. Sin producción, no hay distribución.
2. Para que a largo plazo podamos disfrutar de un presupuesto del 54 por ciento al bienestar social, requerimos primero fomentar y fortalecer una mayor base productiva en la industria y el agro.
3. La agricultura campesina de los pequeños productores de subsistencia está caída, quebrada, y necesitamos de una estrategia específica para rescatarla. De 2008 a 2020, el crecimiento de ese sector fue del 0.5 por ciento. O sea han sobrevivido no sabemos cómo. Después vino la pandemia, lo que agudizó a su crisis.
4. En la industria la situación es igualmente delicada. De 2008 a 2020 solo creció al año en promedio 1.5 por ciento, y el porcentaje de aportación del sector industrial al Producto Interno Bruto estatal pasó de ser del 29 por ciento al 23.5 por ciento en ese periodo. La contracción de la actividad industrial en cuanto a su aportación al PIB estatal es superior al 5 por ciento, es decir, hablamos de una evidente e innegable y grave desindustrialización.
5. La economía estatal ha sobrevivido en las condiciones actuales por el crecimiento de los servicios (comercio, turismo, servicios financieros y transporte) que creció de 2008 a 2020 en un 3.5 por ciento, sin embargo, los servicios no generan per sé valor agregado, por lo que especializar a una economía en la terciarización de los servicios, sin crecimiento industrial ni agropecuario, es cancerígeno, como decía la maestra Ifigenia.
6. Es un acierto, el monto destinado a infraestructura (20.7 por ciento), ya que este recurso crea las mejores condiciones para la inversión futura. Sin infraestructura no hay inversión industrial o agraria posible. Además, estos egresos intensivos de capital fortalecen al circulante y al mercado interno, es decir, mejoran la capacidad adquisitiva de nuestra gente. Busquemos formulas científicas para aumentar el gasto de inversión por encima del gasto corriente burocrático, para empujar así al crecimiento integral de nuestra economía interna en el mediano y largo plazo.
7. No debemos olvidar que durante las 3 décadas anteriores llegaron a nuestro estado millones de personas atraídos por nuestro creciente desarrollo industrial y ahora recienten esta terrible recesión económica.
8. Por ello, el Estado de México debe competir activamente para atraer las inversiones extranjeras en ascenso, que ha anunciado nuestra Presidenta. Actualmente solo captamos el 7 por ciento. Después de la frontera norte, que tiene una ventaja geográfica indiscutible, somos la región más atractiva por poseer mejores condiciones de infraestructura, logística y comunicaciones en el país. Pero ojo, esta inversión extranjera debe estar regulada en cuanto a transferirnos tecnología, y deben contar con un programa de fomento y desarrollo que promueva a pequeñas y medianas empresas mexiquenses.
9. Por último es importante aclarar que el endeudamiento no es negativo si se maneja con honradez y transparencia, actualmente es urgente para reactivar nuestra recuperación económica un esquema sano de financiamiento, que cuente además con un soporte de una política industrial activa, y una correcta aplicación de la rectoría económica del Estado, que defina sectores y regiones a dónde aplicar estos recursos, y que se vigile con auditorías sociales regulares que garanticen la aplicación con resultados cuantificables de la misma.

La que nunca debió ser autorizada en nuestro país y nuestro estado y se debió rechazar siempre es la deuda para gasto corriente o para el saqueo y engordar cuentas en paraísos fiscales de funcionarios públicos. Ni tampoco los endeudamientos vía PPS’s que se aplicaron en gobiernos anteriores. Son dos cosas diametralmente diferentes. Que ahora nos han vacunado contra todo endeudamiento, cancelando opciones necesarias para el desarrollo que beneficiaría a toda nuestra población. Estamos a tiempo aún de proponer adecuaciones y reasignaciones. Esperemos que sea para bien del estado y nuestra gente.!!!

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