Cae presunto coautor de feminicidio de la abogada Oralia Pérez Garduño
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2018.- El perdón a criminales o a quienes han violentado, no debe estar fuera del escenario, pero se trata de una decisión muy particular e íntima de cada persona, destacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Para las víctimas son fundamentales tres acciones inmediatas: conocer la verdad, frenar la impunidad y la correcta impartición de justicia. En ningún supuesto debe haber olvido. En este sentido, debe recordarse que quienes ocuparán los cargos en el área de seguridad pública durante la próxima administración han señalado que estarán atentos y receptivos a lo que las víctimas expresen”, sostuvo.
En ocasión del Día Internacional de la Paz –21 de septiembre—, la CNDH advirtió que México requiere construir la paz con base en el acceso de las víctimas a la justicia, conocimiento de la verdad, reparación del daño y garantías de no repetición.
Para el organismo, ese proceso de construcción de paz que demanda el país, debe tener como principal objetivo generar las condiciones que nos permitan mantener la tranquilidad y cicatrizar el tejido social, con miras a conformar una política integral en que se atiendan las causas estructurales y sobre todo la prevención, más que la reacción.
El modelo de construcción de paz deberá estar enfocado a la procuración de justicia, y contemplar una fiscalía que permita la conducción y persecución del delito con bases técnicas y científicas. Las fiscalías federal y estatales deberán tener como titulares a personas con el perfil adecuado, elegidos con base en un proceso de selección neutral, imparcial y objetivo.
La CNDH recordó que el Estado tiene la obligación de promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad, con el fin de alcanzar el desarrollo integral. Sin embargo, los 31,174 homicidios ocurridos en nuestro país durante 2017 evidencian realidades de violencia diferenciadas, que junto con la corrupción y la impunidad alteran la convivencia entre las personas, cuestionan la validez y vigencia de las instituciones democráticas y del régimen de derechos, lo que impide concretar la paz como parte integral e indivisible de los derechos humanos, en beneficio de las personas.
De acuerdo con cifras del INEGI, la tasa de homicidios en 2017 fue de 25 por cada 100 mil habitantes, que lo ubica como el año más cruento desde 1990. Por edad de las víctimas, el número de homicidios de personas entre 25 y 29 años fue de 4,730, seguido por el grupo de entre 20 y 24 años, con 4 mil 505 víctimas. Y las entidades federativas con más víctimas fueron: Estado de México, 3 mil 046; Guerrero, 2 mil 575; Guanajuato, 2 mil 253; Chihuahua, 2 mil 222 y Baja California, 2 mil 143.
Este Organismo Nacional señaló que la paz es condición indispensable para la vigencia de los demás derechos fundamentales, y no solo la simple ausencia de guerra, violencia o conflicto.
“Toda persona, independientemente de su raza, convicciones, idioma o sexo, tiene el derecho inherente a la vida en paz. El respeto de este derecho redunda en el interés común de toda humanidad y es condición indispensable para el adelanto de todas las naciones, de acuerdo con la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para la Vida en Paz, aprobada por la Asamblea General de la ONU”, consideró.
Ante ello, demandó combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia, así como políticas públicas con enfoque integral sustentado en el respeto de los derechos humanos. El diálogo, el entendimiento y el respeto a la ley deben prevalecer como las vías para la solución de los conflictos, por lo cual no hay lugar para la indiferencia o insensibilidad en su atención.
Instó a alejar por completo la tentación de acciones autoritarias que pongan en riesgo el respeto a la dignidad de las personas y atenten contra los derechos fundamentales. Violencia y descomposición social, sin políticas públicas consistentes que las atajen, difícilmente podrán reducir desigualdades, falta de oportunidades y exclusión o propiciar el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El Día Internacional de la Paz fue establecido mediante la resolución 36/67 de la Asamblea General de la ONU como una jornada que exhorta a la no violencia y al alto del fuego. Se llama a todas las naciones y a todos los pueblos a respetar el cese de hostilidades durante este día. En tanto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través del Objetivo No. 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, llama a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible, faciliten el acceso de todas las personas a la justicia y creen instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo habrá futuro sostenible, si construimos un desarrollo sostenible y sólo habrá desarrollo sostenible con paz sostenible.
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