“Democracia, legitimidad y la deuda con la justicia social”

1.  La democracia como discurso, no como realidad

En la entrega anterior (“Democracia: palabra para justificar el poder”), se cuestionó cómo el término «democracia» suele usarse para validar estructuras de dominación. Hoy, frente a las elecciones del 1 de junio en México, resurge el debate: ¿es el sistema actual realmente representativo o solo una fachada?

Los críticos —especialmente desde el liberalismo— insisten en que la elección careció de legitimidad: “Los jueces fueron impuestos”, “hubo manipulación del voto”, alegan. Pero más allá de las diatribas, cabe preguntarse: ¿su postura defiende principios universales o solo intereses de minorías privilegiadas?

2.     Locke y Montesquieu: ¿Teorías no concordantes con la realidad mexicana?

El liberalismo clásico (Locke, Montesquieu) diseñó la división de poderes como un freno al absolutismo, pero su origen revela su verdadero fin: “proteger los intereses de la burguesía emergente”, no los de los desposeídos.

“Locke” concibió un Parlamento supremo para resguardar la propiedad privada, relegando al Judicial como mera función del Ejecutivo.

“Montesquieu”, aunque noble, propuso una aristocracia como «moderadora» entre poderes, nunca como garante de justicia social.

En México, aplicar estos esquemas sin adaptarlos a nuestra realidad —donde la desigualdad es estructural— es un error. La soberanía, según el “artículo 39 constitucional”, reside en el pueblo, no en equilibrios de poder abstractos.

3.  Mayorías vs. minorías: ¿el fin justifica los medios?

Cuando un partido o coalición logra controlar el Legislativo y el Ejecutivo — como ocurre hoy—, la oposición clama por un «peligro autoritario». Pero la pregunta clave es: “¿el poder alcanzado mediante votación mayoritaria debe usarse para perpetuar privilegios o para transformar el país?

En esta elección, la estructura del partido en el poder y su capacidad de movilización (los famosos «acordeones») fueron determinantes. Si hubo irregularidades, corresponde a las autoridades investigarlas. Lo innegable es que los ministros electos reflejan la voluntad popular actual. “La democracia no es estática; es un campo de disputa.”

4.  Transparencia y justicia social: la prueba definitiva

El gobierno no puede escudarse en victorias electorales. Su legitimidad dependerá de:

• “Eficiencia y rendición de cuentas” en la gestión pública.
• “Reformas que prioricen derechos sociales” sobre intereses privados.
• “Un Poder Judicial transparente”, cuyas sentencias se fundamenten en ley, no en afinidades políticas.

Como escribí en “Democracia y Derecho”, urge una “cultura política crítica” que evalúe a los gobernantes por sus acciones, no por sus discursos.

5.  Conclusión: ¿Servir o dominar?

El poder no es un fin en sí mismo. Su único propósito legítimo es “reducir la desigualdad y garantizar derechos”. Si el actual proyecto no logra esto, su retórica de «cuarta transformación» quedará en entredicho.

«La ciudadanía merece saber quién actúa contra la injusticia y quién solo usa la democracia como máscara.»

“La pregunta sigue en el aire: ¿el poder para qué? La respuesta debe ser clara: para servir, nunca para oprimir.”