El problema de la justicia en la enseñanza del Derecho
La enseñanza del Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) padece una severa distorsión pedagógica: la sustitución de la reflexión sobre la justicia sustantiva por un adiestramiento técnico e institucional. El análisis cuantitativo sobre la presencia del término “justicia” en el Plan de Estudios de la Licenciatura vigente en la Facultad de Derecho revela un diagnóstico inquietante sobre la formación de los juristas en México. Lejos de estructurar el aprendizaje como un compromiso ético-político con la transformación social, el diseño curricular reduce la justicia a un trámite procedimental, despojándola de su potencial crítico y emancipador.
Esta deformación comienza en el terreno cuantitativo. La suma de las dimensiones técnico-operativas (justiciabilidad) y formal-institucionales (categoría nominativa) acumula 94 menciones frente a las 83 atribuidas a la dimensión filosófica. No obstante, este desequilibrio numérico se profundiza exponencialmente al examinar el tratamiento cualitativo del contenido. La pretendida presencia del debate filosófico constituye un espejismo: el 77 por ciento de sus menciones se concentra en una sola asignatura de séptimo semestre (Filosofía del Derecho), donde el término se reproduce mediante repeticiones mecánicas e incisos idénticos que no aportan densidad conceptual. Asimismo, en el marco referencial, la presencia de la justicia responde a la inserción de clisés y fórmulas estandarizadas; una depuración de estas redundancias reduce las menciones reales de 23 a tan solo 14, lo que evidencia que el valor axiológico del Derecho opera como un mero adorno retórico en la descripción de competencias.
El verdadero núcleo pedagógico del plan radica en la sacralización del formalismo. El currículo concibe la “justicia” como un inventario de órganos, leyes, facultades y competencias procedimentales, en el que figuras como la "justicia social", la "justicia agraria" o la "justicia ambiental" son despojadas de su dimensión ética para ser tratadas como meros trámites de gestión o litigio. La “justicia” es el “aparato de la justicia”. Más grave aún resulta la total ausencia del vocablo “justicia” en los apartados destinados a la enseñanza con perspectiva de género y el enfoque educativo basado en derechos humanos. Esta omisión evidencia una desarticulación metodológica profunda: se enseña a administrar el orden normativo existente, pero no a cuestionar las asimetrías de poder que dicho orden reproduce.
La arquitectura curricular responde a la hegemonía del positivismo normativista, el cual pretende convertir al jurista en un operador neutral del mercado y del Estado. Al aislar la reflexión axiológica en los semestres finales y confinarla a asignaturas periféricas, el sistema formativo socializa al estudiantado en la idea de que la técnica legal es un fin en sí mismo. Se naturaliza la norma y se invalida cualquier cuestionamiento sobre la validez material de las leyes. El resultado es la producción sistemática de técnicos jurídicos: profesionales altamente capacitados para la reproducción mecánica de la dogmática, pero incapaces de identificar la violencia, la desposesión y la desigualdad que la forma jurídica encubre.
Reivindicar la justicia sustantiva exige quebrantar esta lógica eficientista. La justicia no puede reducirse al correcto funcionamiento de los tribunales ni a la aplicación impecable del procedimiento; la justicia sustantiva es un principio crítico de cuestionamiento de lo dado, un ideal normativo enfocado en la satisfacción material de los derechos de las personas y en la emancipación de los sectores oprimidos. El saber jurídico requiere recuperar su vocación política y axiológica.
Por ello, la transformación de la educación jurídica no puede limitarse a añadir materias de ética o filosofía como parches marginales al final de la carrera. Se requiere una reestructuración transversal que sitúe la crítica a la dominación, la igualdad sustantiva y la defensa material de los derechos humanos como el eje rector de todo el proceso pedagógico. Un Plan de Estudios comprometido con la sociedad debe formar juristas capaces de interrogar al Derecho desde la justicia, no subordinar la justicia a la fría aritmética de la dogmática y la técnica procesal.
