El reverso de la moneda/ La obsolescencia importada
¿Cuántas veces no nos hemos topado con la aparente paradoja del mercado fronterizo? Es una escena común en los tianguis, comercios locales y plataformas digitales de nuestro país: productos usados o de segunda mano, provenientes de Estados Unidos, que se ofertan a precios significativamente menores que sus equivalentes nuevos en el mercado mexicano. Por un instante, el espejismo de la globalización nos desconcierta. Existe la falsa narrativa generalizada de que cualquier artículo manufacturado o comercializado en el vecino país del norte posee, por definición, una calidad igual o superior a lo hecho en casa. Sin embargo, detrás de esa etiqueta de "oportunidad económica" se esconde el reverso de una moneda mucho más compleja y preocupante.
El catálogo de estos bienes es tan amplio como cotidiano. Hablamos de sillas de seguridad para bebés, carriolas, bicicletas, teléfonos celulares e incluso autobuses destinados al transporte de personal o escolar. Para una familia mexicana de ingresos medios o bajos, adquirir una sillita para el auto, importada a una fracción de su costo original, parece una decisión racional y de ahorro. No obstante, lo que a simple vista se percibe como un beneficio para el bolsillo es, en realidad, la transferencia de un riesgo que allá ya no están dispuestos a correr.
La explicación no radica en la generosidad del mercado norteamericano, sino en la estricta asimetría de las normas de protección al consumidor y de seguridad industrial. En Estados Unidos, debido a un entramado legal robusto que vigila la responsabilidad civil de las empresas y la integridad de los ciudadanos, una enorme cantidad de estos productos son catalogados llanamente como desecho técnico o basura una vez que cumplen cierto ciclo. Las normativas estadounidenses prohíben estrictamente su comercialización en su propio territorio, pero abren una rendija gris para su exportación hacia mercados con regulaciones más laxas o con menor capacidad de verificación, como el nuestro.
Todo objeto diseñado para la protección humana tiene una vida útil programada. Posterior a esta fecha de caducidad técnica, los materiales sufren fatiga, los plásticos pierden elasticidad ante el sol y los mecanismos de sujeción se vuelven propensos a fallar. Una silla para bebé caducada ya no protege; pone en riesgo la vida. El mismo fenómeno se replica a gran escala con los autobuses que hoy circulan en nuestros campos y rancherías, transportando de forma precaria a los trabajadores agrícolas. Esos vehículos, que ya no superaron las estrictas revistas vehiculares ni las pruebas de emisiones y seguridad en los estados de la Unión Americana, encuentran en las carreteras y brechas mexicanas un segundo aire de impunidad, donde su estado mecánico y sus nulas condiciones de seguridad parecen no importarle a nadie.
Es cierto que en México contamos con normas oficiales y un marco regulatorio en materia de comercio exterior y salud. Sin embargo, el problema estriba en la capacidad institucional para operar la norma. Las autoridades correspondientes no han sido capaces de generar las condiciones aduaneras y de inspección para frenar esta importación hormiga y masiva, ni de vigilar con rigor los puntos de venta donde se distribuyen libremente de manera física y digital.
Es momento de que las instancias encargadas de velar por los derechos de los consumidores (y por extensión, por el derecho a la salud y a la vida digna) tomen cartas en el asunto con una verdadera visión de Estado. La accesibilidad económica no puede ser el argumento para convertir a nuestro país en el vertedero de la obsolescencia extranjera. El gobierno debe observar, diagnosticar y frenar este fenómeno cada vez más normalizado. Proteger al consumidor mexicano no es solo un asunto de precios; es, fundamentalmente, un acto de soberanía y de justicia social que impida que los desechos de otros se conviertan en el peligro cotidiano de nuestras familias.
Ante el panorama actual, se presenta una ventana de oportunidad crucial. Esperemos que, en los procesos de revisión y renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, este fenómeno sea colocado como un tema relevante y prioritario en las mesas de diálogo. La integración comercial de América del Norte debe basarse en la reciprocidad, el crecimiento mutuo y el respeto a la dignidad de las poblaciones; bajo ninguna circunstancia podemos aceptar un diseño de vecindad donde una de las partes asuma el rol de patio trasero en donde simplemente se bota la basura.
