Hacia un verdadero sistema nacional de cuidados

¿Qué pasaría si te pagaran cada vez que cocinas para tu familia, si el tiempo invertido en lavar y planchar ropa tuviera un sueldo reconocido, o si cada noche de desvelo cuidando a un enfermo o a un hijo se retribuyera como la jornada laboral más exigente? La respuesta es tan evidente como incómoda: la economía formal colapsaría por falta de sustento, pero los hogares mexicanos seguirían funcionando gracias a un motor invisible, silencioso y abrumadoramente sostenido por las mujeres.

Abordar el sistema de cuidados no es un tema secundario; es el pilar ético y estructural más urgente que México tiene pendiente. Tradicionalmente se ha asumido que cuidar es una obligación natural y exclusiva de las mujeres, exigiéndoles cumplir en el ámbito profesional o academico para después regresar a una segunda jornada no remunerada. Lejos de ser corresponsabilidad, esto encubre una falla estructural profunda: el Estado mexicano ha construido un modelo subsidiario que se ahorra la construcción de infraestructura social —hospitales de día, estancias y redes de apoyo— porque asume, por defecto, que las familias absorberán ese costo a cambio de la salud y el patrimonio de las mujeres.

Para transformar esta realidad, las políticas públicas deben estructurarse bajo los principios de las tres erres: reconocer el valor de este trabajo invisible, reducir la carga desproporcionada que recae sobre los hombros femeninos, y redistribuir las tareas de forma equitativa entre el Estado, el mercado y las familias. Debemos aspirar a consolidar un México como país cuidador, donde el bienestar sea un esfuerzo colectivo y comunitario, y no una condena exclusiva del hogar.

A nivel institucional, los avances nominales existen. El Plan Nacional de Desarrollo ha elevado el Sistema Nacional de Cuidados como eje articulador, y entidades como la Ciudad de México o Jalisco han dado pasos legislativos clave al reconocer este derecho en sus marcos locales.

Sin embargo, al contrastar la letra con la realidad, el abismo es evidente. Vemos presupuestos estatales —como el de Michoacán, que para este año supera los 107 mil millones de pesos— donde un supuesto "aumento" no es más que un espejismo inflacionario y una inercia dedicada casi en su totalidad a sostener nómina y gasto corriente, sin un solo peso verdaderamente etiquetado para infraestructura de cuidados. Las mujeres siguen atrapadas en una doble precariedad: o renuncian a su autonomía económica para cuidar sin seguridad social, o se incorporan a un mercado laboral que castiga la maternidad mientras cargan con una economía doméstica ignorada por las finanzas públicas.

Esta semana inicia en la Cámara de Diputados la discusión y análisis del presupuesto; esperemos que esta vez los legisladores realicen su trabajo pensando en las necesidades reales de las personas y no en la fría aritmética del gasto burocrático. Legislar sin recursos es condenar los derechos a una mera declaración de buenas intenciones. No habrá paridad ni justicia social mientras el Estado mantenga esta deuda histórica. Es momento de dejar atrás los discursos de tinta y papel para pasar a la acción presupuestal y operativa. Quien sostiene al país merece, por fin, ser sostenida por él.