Elecciones y justicia social

Los estudios contemporáneos sobre democracia en México se han enfocado de manera secuencial en los siguientes temas:

1. La transición del autoritarismo a la democracia.
2. La calidad de la democracia y sus indicadores.
3. El desencanto democrático y sus motivos.
4. El populismo y la regresión autoritaria.

En la década de los noventa, la literatura especializada se centró en dar cuenta del proceso de transición a la democracia, incluidas las múltiples crisis del autoritarismo y el reformismo político-electoral que buscó debilitar el régimen presidencial de partido hegemónico. Asimismo, la primera década del siglo XXI estuvo marcada por los estudios sobre la calidad de la democracia, supuestamente ya instaurada y en pleno proceso de consolidación. Por su parte, la literatura de la segunda década del siglo XXI se abocó a caracterizar los límites políticos de la democracia electoral y el desencanto popular con sus resultados económicos y sociales. Finalmente, en años recientes el interés de los analistas se ha dirigido a caracterizar la “Cuarta Transformación” como un régimen populista de corte autoritario, que niega el Estado de Derecho al desinstitucionalizarlo y pretende reinstaurar el partido hegemónico para devolverle al presidencialismo su antigua fuerza.

La narrativa construida al respecto por los ideólogos del neoliberalismo y su democracia electoral salta a la vista. El régimen político mexicano era autoritario y luego de sortear infinidad de vicisitudes, de manera pacífica y consensada, elección tras elección y voto a voto se convirtió en una democracia. Lamentablemente, los gobiernos de la transición no lograron desarrollar la democracia más allá del ámbito meramente electoral y partidista. Tampoco pudieron resolver los problemas de seguridad, justicia y rendición de cuentas en el país, pues el crimen organizado, la impunidad y la corrupción subsistieron y se incrementaron hasta convertirse en elementos constitutivos del sistema político mexicano. Mucho menos fueron capaces de superar la pobreza o disminuir las brechas de desigualdad que padece la población, pues cerraron aún más la movilidad social y dejaron en desamparo a amplios sectores del pueblo de México. El costo de la insatisfacción provocada en la ciudadanía fue la eventual emergencia de un populismo autoritario, que ahora avanza hacia la reconstrucción del sistema de partido hegemónico y de un poder presidencial sin contrapesos. No obstante, concluyen los ideólogos de la transición, este desenlace no es culpa de la democracia electoral, sino de las malas condiciones económicas y sociales en las que se intentó construir.

Al respecto, habría que hacerles ver a los ideólogos del neoliberalismo y su democracia electoral que las y los electores votan en México para que sus necesidades económicas y sociales sean atendidas por las autoridades que resulten vencedoras. Para la gente los cambios políticos y los procesos electorales tienen sentido porque constituyen mediaciones para la satisfacción de sus necesidades materiales apremiantes. El pueblo valora la democracia formal porque es una condición de la democracia sustantiva, ejerce sus derechos civiles y políticos en aras de disfrutar de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ésta es la gran promesa detrás de la esperanza democrática.

Asimismo, es menester reconocer que el saldo rojo del neoliberalismo afectó el desarrollo y consolidación de la democracia política en México, pues la justicia social es una condición material sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía. La construcción de una ciudadanía crítica requiere de ciertas condiciones económicas y sociales que garanticen la libertad para todas y todos los integrantes de la comunidad política mexicana. Así como el ejercicio de los derechos individuales puede llevar al reconocimiento, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos colectivos, el ejercicio efectivo de los derechos individuales supone la satisfacción de los derechos colectivos: el éxito de la democracia política se juega en la existencia de condiciones económicas y sociales mínimas que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales.

Más todavía, el punto crucial que habría que destacar es que la necia y abyecta defensa que hicieron los ideólogos de la transición en torno a la democracia como democracia política, democracia sin adjetivos o democracia sin más, no fue otra cosa que una manera de resguardar o proteger la política económica neoliberal. Pues, defender una noción de democracia integral o sustantiva, más amplia en todo caso que la democracia formal, hubiese implicado cuestionar la pobreza y la desigualdad que trajo consigo el modelo neoliberal. De aquí que, las teorías de la transición y la democracia formal constituyan un mismo discurso ideológico orientado a justificar y encubrir los estragos del neoliberalismo.

Entre los analistas, cada vez hay mayor claridad e incluso consenso respecto de que la incorporación de nuevos procedimientos e instituciones de democracia formal no alteró la naturaleza autoritaria del régimen político mexicano. Las deficiencias de la representación política no fueron superadas, por más que en los procesos electorales compitieran múltiples partidos, el voto libre estuviese garantizado y se generaran fenómenos de alternancia o gobiernos divididos y yuxtapuestos, pues, muchas veces, intereses sociales legítimos no son expresados ni defendidos por los representantes populares. Asimismo, el presidencialismo no desapareció con la creación de diversos órganos constitucionales autónomos con atribuciones anteriormente concentradas en el Poder Ejecutivo. Incluso, no dejó de operar a pesar del posicionamiento de la Suprema Corte como órgano garante de la Constitución y árbitro independiente de las controversias entre órganos constitucionales.

Si bien las élites políticas y las oligarquías partidistas compiten por el poder público mediante elecciones periódicas, lo cierto es que al ejercer el poder público no necesariamente cumplen con el objetivo constitucional de las instituciones del Estado: garantizar el interés público nacional. En otras palabras, las elecciones no necesariamente se traducen en acciones concretas orientadas al bienestar social, es decir, a la satisfacción de las necesidades del pueblo, pese a que la soberanía popular es el fundamento del poder público y del orden institucional, como textualmente señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La emergencia histórica de Morena y su arribo al poder a través de elecciones abre la posibilidad de que las condiciones económicas y sociales que requiere la democracia política se construyan orgánicamente. Y es que, el perfeccionamiento de la democracia sólo puede suceder si desde el Estado se atacan las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Para ello, es necesario cumplir con dos requerimientos: la justicia social debe ser sostenible y no estar condicionada políticamente. Muchas de las críticas hechas a los gobiernos de la 4T en su cruzada contra las externalidades del modelo neoliberal giran en torno, precisamente, a la incosteabilidad de los programas sociales a mediano plazo y su uso político, partidista y electoral.

Así las cosas, en el entendido de que las elecciones no agotan la democracia y que sin derechos colectivos no hay democracia, el futuro del régimen político mexicano se juega en dos vías: por un lado, eludir el autoritarismo electoral y, por otro, garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del pueblo de México. En ambos caminos, el nuevo Poder Judicial de la Federación está llamado a cumplir un papel destacadísimo. Hacerlo impactará en su legitimidad y justificará la tan llevada y traída reforma judicial.

@Raymundo_EH