TOLUCA, Edomex., 29 de marzo de 2019.- Con la premisa de que “la prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida” y con el fin de penalizar la contratación de servicios sexuales de personas prostituidas y poner en marcha políticas públicas para desestimar esta práctica, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro presentó una iniciativa para sancionar con penas de prisión a quien compre o contrate servicios sexuales para sí o para un tercero.

La diputada señaló que el objetivo fundamental de la propuesta de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos es combatir la prostitución a través de la prohibición del comercio sexual, debido a que la actual ley sanciona a quien se prostituye; sin embargo, no penaliza al cliente. “Si no hay demanda, no habrá oferta”, precisó.

Propone que en el artículo 20 bis de dicha ley establezca prisión de uno a cinco años y multa de 200 a 500 días para quien compre o contrate servicios sexuales para sí o para un tercero; solicite, acepte u obtenga relaciones de naturaleza sexual de una persona que ejerce la prostitución, incluso de manera ocasional, a cambio de una remuneración, una promesa de remuneración, remuneración en especie o promesa de algún tipo de beneficio.

En caso de reincidencia la pena sería de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días multa; si la persona prostituida es menor de edad o se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, la prisión será de 10 a 15 años y la multa de mil a tres mil días.

En el artículo 74 bis quedarían señaladas, como acciones del Estado mexicano, el brindar protección a las víctimas de prostitución en un Centro de Asistencia Social y otorgar el programa de protección de testigos a las personas prostituidas y sus familiares; emprender una política educativa para informar a los alumnos sobre cómo prevenir y erradicar la prostitución y los peligros de la mercantilización del cuerpo humano, así como ofrecer un bolsa de trabajo para quienes quieran salir de la prostitución.

Explicó que esto busca desalentar y evitar la entrada de personas en la prostitución y proteger a las víctimas mediante una nueva política pública que favorezca el trabajo coordinado entre las organizaciones no gubernamentales y los servicios federales, que cuente con presupuesto propio destinado a la prevención y apoyo de las personas prostituidas.

Según cifras de UNICEF citadas por la legisladora, anualmente 4 millones de personas alrededor del mundo son víctimas de trata, de las cuales la mayoría son niñas, niños y mujeres, y entre el 10 y el 30% de las mujeres víctimas son menores de edad. En América Latina 2 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral.

Esta explotación de personas, continuó la diputada, genera anualmente ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares para los tratantes, lo que coloca a esta actividad comercial ilícita en el tercer lugar entre las más lucrativas para el crimen organizado.

En México hay aproximadamente 500 mil personas prostituidas; 90% son mujeres y niñas y el 80% de ellas fueron trasladadas desde algún lugar del interior del país. Esto, de acuerdo con cifras de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina.

La propuesta fue remitida a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictamen.