Endurecen en Edomex sanciones contra abusadores sexuales digitales de menores
TOLUCA, Edomex., 10 de septiembre de 2025. - Por unanimidad de votos, el pleno de la LXII Legislatura del Congreso Local, aprobó sanciones de hasta 16 años a quien, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación o cualquier otro medio escrito, electrónico o de mensajería, pretenda o logre concertar encuentros o acercamientos físicos con menores con índole sexual o material de contenido explicito.
Con esta iniciativa se establecen penas de ocho a 16 años de prisión y multas de 45 mil 256 pesos, el equivalente a 400 Unidades de Medida de Actualización (UMA), o hasta 90 mil 515 pesos 800 UMA, para quien cometa este delito contra cualquier infante.
La reforma busca beneficiar a 3.2 millones de niños mexiquenses y establece un papel determinante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en la valoración del perdón legal cuando las víctimas sean menores de edad.
Asimismo, se integran medidas para la protección inmediata de víctimas menores, en coordinación con autoridades judiciales, de salud y procuración de justicia, con un enfoque integral, sin discriminación y sin revictimización.
Además, coloca los derechos de la infancia en el centro de las políticas públicas, frente a problemáticas como la violencia, la desigualdad, la impunidad y el abandono, con la intención de avanzar hacia una sociedad más justa y segura.
Mediante la iniciativa que reformará el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, —todos de carácter estatal— se aplica el principio del interés superior de la niñez en todos los delitos cometidos contra este grupo poblacional.
Igualmente, se obliga a las instituciones de salud a dar atención prioritaria e inmediata a niños y adolescentes víctimas de violencia, con la obligación de avisar a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público, para la activación de medidas urgentes. Por último, se fortalece la atención psicosocial, jurídica y médica de las instancias estatales correspondientes para la restitución integral de derechos y la reparación del daño.
