TOLUCA, Edoméx., 28 de octubre del 2016.- Reconocida a nivel nacional e internacional en la defensa y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y mujeres, Dylcia Samantha Espinosa de los Monteros, actual subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), fue abordada sobre los datos duros que arrojan asociaciones civiles que indican que son más de 200 mujeres catalogadas como feminicidios en lo que va del año en la entidad gobernada por Eruviel Ávila Villegas, a lo que contestó:

“Con todo respeto a mis compañeras de la sociedad civil, desconozco de dónde sacan esas cifras. Lo que yo sustento con las cifras que se determinan son las carpetas iniciadas. Muchas veces la gente confunde lo que es un feminicidio por un homicidio doloso en mujeres, entonces, las cifras no concuerdan. Lo que puedo decir sobre las recientes muertes, es que han tenido intervención de la Fiscalía de Feminicidios, porque desde el primer momento nosotros tenemos que ir cuidando que se realicen las investigaciones y las diligencias conforme al protocolo y buscar el feminicidio en estas muertes. Si descubrimos que es lo que planteamos al Poder Judicial”, acotó la otrora directora de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

La que fuera subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito a nivel federal, argumentó para calificar un feminicidio hay un debate jurídico entre el Poder Judicial y la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la PGJEM. “Muchas veces vamos de la mano, pero desde el principio se busca calificar el caso cuando es feminicidio. Sobre las cifras que proporcionan las asociaciones civiles no son reales, no son así. Lo que les puedo decir es lo que ya he comentado. Las cifras de feminicidios, desde el 2011 para acá, específicamente hablando de muertes violentas de mujeres, por el hecho de haber sido mujeres; por una relación con el rol sexual tradicional, son 299 casos”, ahondó.

La abogada egresada del Instituto Autónomo de México (ITAM), con maestría en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina, mencionó respetar a las asociaciones civiles que están interesadas en informar sobre este tipo de casos, pero son erróneas sus cifras.

La ex directora General de Interlocución Política para la Fiscalía Especial para la Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que entre el 2015 y lo que va del 2016 las cifras se han mantenido, aseverando que no ha habido un repunte.

“En cuanto a la declaratoria de la Alerta de Género, lo que nos genera es un cúmulo de políticas públicas concatenadas con los tres órdenes de gobierno para que juntos podamos tener el punch de conjuntar los esfuerzos, los recursos de toda naturaleza para poder combatir la violencia feminicida. Hemos construido, incluso con las organizaciones peticionarias, es decir, con el Observatorio del Feminicidio, políticas públicas para la declaratoria de la Alerta de Género. Los productos (policías de género en los 11 municipios donde está la Alerta de Género; el Protocolo de Feminicidios, el Protocolo de Violencia contra las Mujeres, el Protocolo Alba Estado de México, para la búsqueda de Mujeres y Niños Desaparecidos; el Protocolo de Atención Policial y la Unidad de Análisis y Contexto), ya los tenemos listos, los hemos puesto en marcha». Lo que tenemos que ver es cómo funcionan estas políticas públicas en la realidad y ver efectivamente cómo van a impactar en la reducción de la violencia feminicida”, concretó la subprocuradora Espinosa de los Monteros.