Estetoscopio político: el reto de las pensiones en nuestro país
México enfrenta un panorama complejo en cuanto a su sistema de pensiones.
Para entender el tema debemos revisar los datos históricos y el contexto de cómo se desarrolla el sistema contributivo, que antes de 1997 ofrecía a las y los trabajadores garantizar una pensión en edad avanzada y vejez. No debe confundirse con el modelo asistencial que hoy día brinda a más de 13 millones de personas las “pensiones del Bienestar”, sino analizar las que fueron cotizadas por trabajadores con empleo formal y que, previo a trámites de ley, el Estado les garantizaba un recurso hasta su fallecimiento.
El modelo de seguridad social mexicano, diseñado e impulsado bajo la dirección del Lic. Ignacio García Téllez con la configuración tripartita (Estado, Empleadores y Trabajadores), permitió que desde la década de los años 40 del siglo pasado, de manera solidaria, se protegiera a las familias mexicanas con recursos económicos para cuando las y los trabajadores llegaran a una edad avanzada.
Este sistema, en los años de su concepción, contemplaba la esperanza de vida que para 1955 era aproximadamente de 51.4 años para hombres y 54.5 para mujeres. Los avances en medicina, el mejoramiento de las condiciones materiales y el progreso del país en el periodo económico llamado “época de oro” llevaron en 1980 a una expectativa de vida promedio de 66.2 años. En ello radica una de las principales causas que hoy presionan al sistema de pensiones, ya que en los cálculos originales no se vislumbró la creciente longevidad de las personas que adquirieron el derecho a los recursos.
Durante el periodo neoliberal, la entrega de la riqueza nacional incluyó ferrocarriles, bancos, carreteras, telecomunicaciones y los cuantiosos recursos de millones de trabajadores que aportaban a un fondo común para su retiro. La reforma del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) de 1992 inició con la entrega de los fondos a bancos privados y culminó con la reforma de 1997, que siguiendo el modelo chileno implantado por el dictador Augusto Pinochet, cedió los recursos a administradoras, en su mayoría trasnacionales.
Actualmente, los recursos de los trabajadores representan en 2026 la cantidad de 8.3 billones de pesos, administrados por fondos privados que se utilizan en la especulación financiera. Tan solo en 2025 generaron ingresos de 12 mil millones de pesos netos a las administradoras, mientras que el rendimiento otorgado a los ahorradores va del 9 por ciento en el mejor de los casos, generando grandes ganancias privadas con recursos que son el futuro de millones de personas.
Ejemplo de ello es Afore Coppel, que administra 1 de cada 5 cuentas de los trabajadores en México, obteniendo beneficios millonarios y otorgando un rendimiento de 6.6 por ciento. En contraparte, si un trabajador con su afore en Coppel compra un refrigerador, los intereses pueden ir del 45 al 90 por ciento del valor del bien.
El problema principal para el gobierno actual es que los pasivos estatales de pensiones (IMSS, ISSSTE, PEMEX, ISFAM, etc.) alcanzaron en 2025 la cifra de 1 billón 611 mil millones de pesos, equivalente al 16.8 por ciento de los 9 billones 594 mil millones del presupuesto federal. Para comparar, el presupuesto del IMSS para otorgar atención médica a 78 millones de derechohabientes, construir hospitales, comprar insumos y medicamentos fue de 1 billón 479 mil millones de pesos en el mismo periodo.
Con la receta del Banco Mundial y el FMI, ya probada en Chile, se entregaron los recursos generados por la fuerza laboral a capitales especulativos que en momentos de bonanza acaparan las ganancias y en momentos de pérdida golpean el ahorro de los trabajadores. El caso chileno generó una crisis con pensionados, obligados a vivir con pensiones equivalentes al 20 o 30 por ciento de su último sueldo, muchas veces por debajo de la línea de pobreza, lo que provocó protestas multitudinarias y la necesidad de intervención estatal.
En México se han dado pasos hacia la dignificación del ingreso para adultos mayores. Con la reforma de 2020 del presidente Andrés Manuel López Obrador, se incrementaron los recursos para quienes recibían pensiones inferiores al promedio del sueldo medio registrado ante el IMSS, aunque la presión sobre el gasto público continúa acumulándose.
El planteamiento de un nuevo esquema de pensiones que garantice a las y los trabajadores un retiro digno debe analizarse desde una realidad financiera. Esto pasa por la necesidad de una reforma que permita al gobierno cobrar más impuestos a las empresas, acabar con la evasión, fortalecer el tripartismo solidario y recuperar los fondos que hoy solo enriquecen a los capitales privados, a costa de un futuro incierto para las y los trabajadores.
