Estetoscopio político: la contribución en salud en México
¿Es sostenible un sistema de salud que se financia con el sudor de los que menos tienen, mientras las grandes fortunas permanecen al margen? La respuesta es un rotundo no. La salud no es un gasto, es una inversión en capital humano y en cohesión social. Sin embargo, en México, se ha convertido en un espejo de nuestras desigualdades.
El siguiente argumento trasciende lo económico. No se trata solo de que falten recursos, sino de que el modelo fiscal actual es profundamente injusto y, por lo tanto, insostenible. Cuando el 1 por ciento más rico posee el 41 por ciento de la riqueza y, sin embargo, contribuye proporcionalmente menos que un pequeño comerciante que paga IVA e ISR, no estamos ante una falla técnica, sino ante una falla ética y de diseño institucional.
¿Sabía usted que mientras México destina apenas el 5.2 por ciento de su PIB a la salud, las 22 familias más ricas del país acumulan una fortuna equivalente a más del 9 por ciento del PIB nacional? Esta cifra, que parece sacada de un ejercicio de matemáticas financieras, es la radiografía más cruda de nuestro fracaso como sociedad.
El presupuesto para 2026 etiqueta 965 mil millones de pesos para salud, sumado al billón 590 mil millones de pesos del IMSS ordinario; una cifra que suena enorme hasta que la comparamos con lo que invierten otros países. Pero el verdadero escándalo no es cuánto gastamos, sino quién paga la cuenta.
Mientras los trabajadores y la clase media cargan con el peso del ISR y el IVA, las grandes fortunas, como la del empresario Ricardo Salinas, encuentran resquicios legales para evadir su responsabilidad. Y no es un caso aislado: es la regla en un sistema que concentra el 71 por ciento de la riqueza en el 10 por ciento más rico, pero que cobra impuestos como si todos fuéramos iguales.
La investigadora Viri Ríos lo ha dicho con claridad: necesitamos una reforma fiscal profunda que grave las grandes fortunas y los productos nocivos para la salud. No es una ocurrencia, es una necesidad constitucional. El artículo 31 de nuestra Carta Magna es claro: los impuestos deben ser proporcionales a la capacidad económica de cada quien. Pero hoy, esa promesa es letra muerta.
Con lo anterior podemos inferir que, el problema de nuestro sistema de salud no es de escasez, sino de injusticia fiscal.
Cabe mencionar que no se trata de estigmatizar el éxito empresarial, sino de recordar que la riqueza no se genera en el vacío. Se construye sobre carreteras, escuelas y hospitales que pagamos entre todos. Cuando los más ricos eluden su contribución, no solo defraudan al fisco, le roban salud a un niño, le niegan una pensión a un anciano y condenan a un enfermo a la desesperanza.
La conversación pública sobre la reforma fiscal no debe ser un debate técnico entre especialistas. Es un debate moral. Es decidir si queremos un país donde la salud sea un derecho o un privilegio, y si estamos dispuestos a exigir que quienes más tienen paguen lo que les corresponde; este es el momento de hacer valer el texto constitucional y dejar de cargar la responsabilidad en el obrero, el campesino y el pequeño comerciante.
La invitación es a romper con el mito de que 'no hay dinero'. Sí lo hay, pero está mal distribuido. La reforma fiscal no es un capricho de la izquierda, como a veces se estigmatiza, sino una exigencia de justicia constitucional y de sentido común económico. Por lo que como ya se mencionó anteriormente, si queremos un sistema de salud digno, debemos atrevernos a cobrarle a quienes más tienen. No es caridad, es cumplir con la ley.
La salud de México no puede esperar a que los ricos tengan un cambio de conciencia. La ley debe ser pareja, y el Estado, valiente. Porque si la riqueza no se distribuye, la enfermedad sí.
